La Subdelegación del Gobierno prevé pedir documentación complementaria al Concello de las 28 contrataciones que ha realizado desde el pasado mes de febrero, según aseguró ayer el subdelegado, Roberto Castro. Con estos informes, la institución pretende confirmar si los empleos se ajustan a las excepciones recogidas en el decreto estatal que limita las contrataciones y que se ciñen a que afecten a servicios públicos esenciales.
No obstante, según precisa el subdelegado, el órgano provincial no tiene potestad para decidir si los contratos se ajustan a la legalidad aunque sí para actuar de oficio -en este caso, el grupo municipal del PP presentó un escrito- solicitando información complementaria a acuerdos de los concellos. Así, los informes serán remitidos a la Delegación del Gobierno aunque llegado el caso, la última palabra la tendría la Justicia.
