Telefónica quiere cobrar para devolver suelo que recibió gratis

Telefónica ha cerrado ya 16 centrales de cobre, pero acelerará el apagado en el año 2023, cuando echará el candado a otras 30 y, sobre todo, en 2024, el año del centenario de la compañía, cuando prevé clausurar otras 67. El objetivo es acabar con esta tecnología, que sirve el actual ADSL y la telefonía fija, como muy tarde en 2025, cuando será sustituido íntegramente por fibra, que prevé tener desplegada en todos los hogares entonces. Pero la polémica está servida. Cuando se cierren las 120 de las 179 centrales dispersas por los 92 concellos, muchos de estos ayuntamientos intentarán recuperar terrenos públicos en su día cedidos a la compañía para el despliegue de telefonía fija, aunque en otros casos la titularidad es de la propia compañía al haberse hecho con las parcelas a través de particulares. En todo caso, ya hay alcaldes dispuestos a exigir su reversión, mientras otros incluso han abierto expedientes a Telefónica por haber empezado a desmantelarlas sin ningún permiso. La incógnita de este desmantelamiento de las centrales de cobre reside en qué hará Telefónica con las 120 que estarán en 2025 cerradas. La compañía tendrá un patrimonio en desuso en terrenos cedidos por la administración. Gran parte de los edificios son propiedad de la compañía. Los menos, de alquiler. Expedientes abiertos Uno de los municipios en el que ya ha centrado varias de estas centrales ha abierto expedientes sancionadores a la compañía por mala praxis, según pudo saber este periódico. Aunque no quieren desvelar la identidad -escudándose en la protección de datos-, el alcalde relata que ya Telefónica ha desmontado estas centrales sin respetar la normativa. “Non solicitaron licencia de obra no seu día para instalalas nin agora para desinstalalas, pese a que tiñan que pedila”. Lamenta que “nin responden aos correos, nin ás chamadas nin dan solución algunha”. Lo que tiene claro es que “cando veñan pedir algo, actuarase”. Las que antes cerrarán están en municipios cercanos a la ciudad, las que tienen el despliegue de fibra más avanzado. En Pereiro, Telefónica apagará las de A Derrasa, Melias, Pardieiros y Vilariño en mayo de 2024; antes, en abril de este año, cerrará la de Loñoá. Su alcalde, Luis Menor, pide la “reversión” para la función social, pero le piden mucho dinero. Explica que se cedieron los terrenos a la compañía cuando empezaba el proceso de extensión de telefonía fija. En esas parcelas, construyeron estas centrales, de en torno a 15 metros cuadrados, en algunos casos en parcelas que alcanzan los 200 metros. “Están infrautilizadas”, lamenta Menor, que ya anunció su intención de recuperar los espacios para que ese patrimonio ocioso no quede sin uso. “En Vilariño, onde temos máis necesidade, queremos recuperalo para os veciños e facer un aparcamento para o campo de fútbol aproveitando que está ao lado”, explica. El problema, subraya, es que contactaron con Telefónica “e piden por eles nuha cantidade de diñeiro bastante elevada. Cremos que debe ser revertido para a función social”. Al estar la mayoría en suelo urbano, podrían tener uso público, con los concellos muy necesitados de suelo. Es el caso de Coles (sus tres centrales cerrarán en 2024), donde su regidor, Manuel Rodríguez, lamenta que “o anterior alcalde vendeulle terreo do Concello en Gustei a Telefónica, cando tan necesitados estamos de solo agora”. En Cambeo, el terreno donde se ubica es privado y en Barra de Miño fue cedido. Rodríguez intentará “recomprar” y sostiene que pagan una contribución que tendrán que seguir abonando aunque no esté en servicio, por lo que “terán que negociar”. Otros de los que cerrarán pronto, como A Peroxa, cedieron una pequeña parcela al lado del centro social, y en Amoeiro, una está en terreno público y otra central de 18 metros cuadrados la tiene alquilada en la casa consistorial. En otros concellos algunos terrenos se los vendieron particulares y otros los cedió la Administración, pero incluso que “non se sabe moi ben cales”, ya que aquello se hizo hace muchos años sin luz ni taquígrafos. El cierre del cobre llega y la fibra aún no alcanza el 30% de casas Telefónica se encuentra inmersa en este apagado progresivo de su red de cobre siguiendo las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Desde 2015 hasta enero de este 2023 ya había cerrado 2.200 en España, de ellas 16 en Ourense, una de las provincias más retrasadas, debido a que el despliegue de fibra, la tecnología alternativa, es menor. El objetivo es acabar en 2025, cuando se prevé tener fibra en todos los hogares. Este proceso conllevará una reducción paralela de las coberturas ADSL, que de momento utiliza todavía el 16,6% de los hogares ourensanos (12% a nivel nacional), más de 44.000 viviendas. La cobertura de fibra apenas cubre el 69,1% de los hogares ourensanos, según la Secretaría de Estado de Avance Digital, frente al 84,5% nacional. Uno de los riesgos es que haya núcleos que se acaben quedando sin ADSL antes de que llegue la fibra, lo que preocupa a autoridades municipales. Telefónica cerró sus primeras dos centrales de cobre en A Valenzá y Sobrado do Bispo (Barbadás), en 2018, y echó el candado a otras cinco en Barbadás, Toén, San Cibrao y la ciudad al año siguiente. En 2020, el proceso se paralizó y volvió en 2021, cuando se cerraron Esgos y el Parque Tecnolóxico. En 2022, se aceleró con otros seis cierres. El gran apagado empezará en 2023. Se cerrarán otras 30 en Avión, Chandrexa, Carballiño, Riós,... Para 2024, quedarían 67. Las últimas se apagarán en 2025. Las que se están cerrando son centrales en las que no hay otros operadores instalados. En 2024, comenzará a cerrar las que sí tienen otros operadores. Al acabar solo quedarán 59, exclusivamente con fibra, ya que, “da el mismo servicio que se atiende desde cuatro centrales de cobre y ocupa solo el 15% del espacio”, dice la compañía. Amenaza en el horizonte: vía libre a los cables aéreos en el rural para la fibra Al patrimonio en desuso que se acumulará en los próximos tres años por el cierre de centrales de cobre hay que sumarle el reto que supone el despliegue de la fibra, al que se le acaba de dar vía libre para actuar al margen de los concellos. Los alcaldes asisten recelosos a una instrucción de la Xunta aprobada en diciembre que les insta a permitir que Telefónica (la compañía que mediante subvenciones estatales está acometiendo la mayor parte del despliegue de fibra en la provincia) coloque nuevo cableado aéreo en el rural, siempre que sean continuación de otros existentes. La Lei do Solo prohibía colocar nuevos tendidos aéreos en núcleos rurales y la interpretación en ese sentido frenó el despliegue de fibra en las zonas más aisladas. Por ello, la Xunta publicó una instrucción dirigida a los concellos para instarlos a permitir el despliegue de redes en el rural. Ahora deben autorizar el cableado aéreo siempre y cuando refuerce a uno ya existente o cuando sea un nuevo tramo que amplíe un tendido existente para dar más cobertura. La prohibición completa de colocar cables aéreos queda reservada solo a nuevos tendidos aislados de otros, que se comiencen de cero. Algunos alcaldes alzan la voz, como el de Coles. “Levamos anos facendo un esforzo importante por eliminar cableado e humanizar os núcleos, non ten sentido que agora se faciliten”, lamenta Manuel Rodríguez, que insta a la compañía a cablear de forma subterránea, “xa que para iso recibe subvencións”. Cuando la fibra quede desfasada, “acabaremos por ter que pagarlles para que retiren todo”. En otro concello delentorno de la ciudad lamentan que la compañía se haya excedido en la colocación de postes de telefonía y cableado. “Temos casos en que se lles deu permiso para unha zona determinada e colocáronos nunha zona sen permiso, e apsou varias veces”, lamenta un alcalde.