Ayer por la tarde, apenas 24 horas después de que el PP permitiese a Gonzalo Pérez Jácome, al que denunció 37 días antes, ser investido alcalde de nuevo, solo funcionaba una de las rampas mecánicas de la rúa Concordia (obra denunciada por el PSOE en Fiscalía y que el PP calificó de “auténtica barbaridad” por abrir sin recepcionar), las otras se mantenían paradas, como la mitad de los días desde que Jácome decidió inaugurarlas a solo dos días de las elecciones. Antes, de madrugada, una de sus nuevas concejalas, Tamara Silva, subía al escenario en las fiestas de As Lagoas para prometer a los allí reunidos “catro anos máis de festas”, al tiempo que anunciaba que, como premio por la reelección de Jácome, se ampliaba el horario de la verbena en una hora.
Si los primeros “gestos” se tomasen como indicativo de la hoja de ruta de este “nuevo” gobierno local que hoy comienza, todo apunta a que estará marcada por más de lo mismo: precipitación y fiesta como pócima sanadora de todos los males. Pero la ciudad suspira por un proyecto que saque del atolladero a la tercera urbe de Galicia.
El nuevo gobierno local de presuntos implicados y noveles que liderará DO en minoría tras el acuerdo con el PP a cambio de la Diputación pondrá hoy en marcha del engranaje. El equipo liderado por Gonzalo Pérez Jácome ahora con 10 concejales deberá repartir competencias y formar junta de gobierno, al tiempo que tendrá que convocar el pleno para repartir asignaciones económicas a los grupos municipales y repartir las dedicaciones -por la experiencia, una de sus prioridades-. En 2015, cuando el PP gobernó en solitario, también con 10 ediles, las competencias de cada edil se distribuyeron apenas tres días después de la investidura. Ahora no debería ser muy diferente.
Y no debería serlo porque este nuevo gobierno en minoría nace con demasiados retos por delante, más allá de la movilidad vertical y las fiestas. A mediados de año, y sin presupuestos, una vez más (solo se aprobaron dos en los últimos diez años) se complica la gestión económica de un Concello que es el más moroso de Galicia y de los que más tarda en pagar sus facturas en España, que tiene una plantilla sobredimensionada al carecer de una Relación de Puestos de Trabajo actualizada y que debe más 3,5 millones en horas extra y excesos horarios a bomberos y policías.
Cinco puntos clave
Además de los presupuestos y el pago de deudas, las claves de la nueva legislatura que deberá resolver el gobierno en minoría son el PXOM de la ciudad, el plan de gestión del Casco Vello y la adjudicación de las grandes concesiones a los servicios de la ciudad.
El problema es que el nuevo gobierno -si es que el papel del PP se queda en mero conseguidor de alcaldías y no da un paso más- afronta un nuevo mandato en minoría que deberá hacer quiebros para lograr presupuestos y aprobar el imprescindible Plan Xeral de Ordenación Municipal. Una de las tareas más urgentes es la aprobación del nuevo plan del Casco Vello (el Pepou, que sustituiría al PERI) antes del 31 de diciembre de este año, pues, de lo contrario, el Concello perdería las competencias urbanísticas en la zona.
Además, en los próximos meses urge adjudicar cuatro concesiones en precario (agua, autobuses, ORA y grúa y basuras) que suman una inversión total de 250 millones de euros a 10 años. La gestión de fondos europeos, pues los tiempos apremian y hay fechas límite, así como la necesidad de una figura referente que llame a las puertas de Santiago y Madrid para pedir financiación -algo que no sucedió el pasado mandato- son otras de las prioridades.
No serán fáciles estos cuatro años para la todavía tercera ciudad de Galicia -a punto de perder esa posición en beneficio de Santiago, lo cual resulta irónico, pues es la urbe desde donde se tutela la gobernabilidad ourensana-, que sobrevive a marchas forzadas a la inestabilidad política desde 2012.
