El inspector encargado del caso declara que preparaban el transporte en barco de un mayor cargamento de droga.
El inspector de la policía que dirigió la operación en la que fueron detenidos cinco acusados por traficar con drogas ha manifestado hoy que este grupo se había puesto de acuerdo para participar en la compra-venta de sustancias estupefacientes a mediana y gran escala, con la colaboración de contactos que tenían en Latinoamérica y que actuaron de muleros.
A preguntas realizadas por la fiscalía, el inspector ha concluido que los acusados mantenían contacto con personas del país latinoamericano, quienes traían la droga a España, para lo cual se valían de personas que actuaban de muleros. A todos ellos se les imputa el formar parte de una organización dedicada al tráfico de droga con actuaciones en Ourense, Madrid y Venezuela.
Para ello, el inspector se ha sustentado en las escuchas telefónicas y en los seguimientos realizados a los acusados, tanto en Madrid como en Ourense, ciudad donde se localizó en el interior de un coche, sustancia estupefaciente, oculta en botes de gel.
La investigación comenzó a raíz de un servicio rutinario de la brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional con motivo de las fiestas de O Couto en mayo de 2011, cuando los agentes localizaron en el interior de un vehículo cuatro botes de champú con sustancias estupefacientes.
Además, el inspector del caso ha afirmado que la esposa "no sólo era mera conocedora del negocio ilícito de su marido", sino que "participaba de manera activa" en él. Considera que esta operación se enmarcaba en otra de mayor calado que tenía como objetivo traer "un barco" con la sustancia estupefaciente al país.
Por su parte, las defensas se han centrado en "los errores" habidos durante la instrucción y han solicitado la nulidad de las actuaciones debido a los fallos en la identificación de los acusados y también en el transcurso de la investigación.
En concreto, la letrada que representaba a los tres acusados, que tienen relación familiar, ha criticado la concatenación de "errores" habidos a lo largo de toda la instrucción, que se inició a raíz de un caso en Vigo por blanqueo de capitales y una estafa al gobierno de Angola, que según ha asegurado el inspector no ha afectado a esta operación, ya que se trataba de una investigación "paralela"
Sin embargo, la letrada ha censurado que el único motivo de que se celebre este juicio es que los errores se fueron manteniendo en el tiempo y ha abundado en que la causa llega "viciada" ya que parte de una identificación errónea de uno de los acusados siguiendo adelante "sin ningún sustento legal".
La policía cree que J.L.C.P. y su mujer, se dedicaban al tráfico de sustancias, y que el hermano de ella, N.D.R. ejercía de recadero, actividad por la que supuestamente recibía un porcentaje. Otras dos personas fueron acusadas de ser supuestos colaboradores que ayudaban a mover la mercancía.
En su escrito, el Ministerio Público atribuyó su participación en esta actividad a que les aportaba "unos importantes ingresos económicos".
Varios investigadores han coincidido en que vieron como uno de los acusados, Francisco Javier D.L.C viajó en autobús a Madrid en mayo de 2011 y contactó por teléfono con la también acusada María Teresa Z.B, la cual llegó procedente de Venezuela a mediados de ese mes (19 de mayo).
La defensa de este acusado ha solicitado en este caso la atenuante de drogadicción, aduciendo que es consumidor desde que es mayor de edad.
Por su parte, la letrada de la otra acusada ha reclamado dilaciones indebidas y que se tenga en cuenta que colaboró "desde el minuto uno". En todo caso, ha alegado que la "instrucción defectuosa" motivo que debería conllevar su absolución.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita penas que van de los cuatro y los siete y medio de prisión para los cinco acusados y multas que oscilan entre los 46.531 a los 128.784 euros.
En concreto, la fiscal pide para el presunto jefe del clan y su esposa la pena más elevada de 7 años y seis meses de prisión por tráfico de drogas, como supuestos instigadores de los hechos, y seis años de condena para el hermano de ella, N.D.R., como colaborador en los hechos.
Además, ha solicitado cuatro años y seis meses para los otros dos acusados. En su alegato final J.L único que prestó declaración durante el juicio, ha manifestado que está "muy arrepentido" y que "ya está pagando" por su condición de drogadicto, en alusión a problemas derivados de su estado de salud.
