El TSXG, contrario al abuso de contratos temporales en la UVigo

La carrera académica de al menos el 20% de los docentes de las universidades se convierte en una sucesión sin fin de contratos temporales. De hecho, acaba de trascender que el ministro Joan Subirats pretende incluir en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) medidas para poner coto a la inestabilidad: convertir a 25.000 asociados, profesionales con acreditado prestigio con contratos temporales que se les renuevan durante años, símbolo de la precariedad dentro de la institución académica, en indefinidos con dedicación parcial para que se les reconozcan derechos como la antigüedad.

Los jueces gallegos ya caminan por esa senda. El TSXG acaba de dar la razón a un profesor asociado ourensano de Penal en la Facultad de Derecho que lleva desde 1992 concatenando distintos contratos en la Universidad de Vigo hasta el pasado año. La sala de lo Social declara “que la relación laboral que une las partes es indefinida desde el 1 de octubre de 2008”. Y, aunque el fallo a efectos prácticos no le afecta porque ya se jubiló, abre la vía para pedir una indemnización por daños y perjuicios. “Es una sentencia que sirve de precedente para que los profesores asociados, que son muchos en la Uvigo, dejen de estar privados de una parte importante de sus derechos laborables. Y en consecuencia, para impedir que continúe una práctica corrupta de la Universidad, institución que debería ser ejemplo de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, como establece el artículo 103 de la Constitución española”, valora el afectado y abogado de profesión, José Manuel García Sobrado.

El demandante recurrió en súplica ante el TSXG ante la negativa de un juzgado social ourensano de estimar sus pretensiones. Los jueces entienden que “el amplio periodo dando clases (primero con una contratación administrativa y a partir de 2008 laboral) y la uniformidad de la tarea docente impartida son claramente reveladores de que la enseñanza de esa materia constituía una necesidad permanente del citado centro universitario”. La participación en exámenes, tutorías, ser el encargado del curso o su intervención en órganos administrativos “refleja una integración mucho más plena que la de un profesor asociado para una específica y concreta materia vinculada a su experiencia profesional”. La sentencia también pondera que no solo daba clases de Derecho Penal sino también materia ajena a esa especialidad como disciplina urbanística, legislación ambiental y derecho penitenciario.