Haya o no recurso contra la sentencia, tanto Flager como la Diputación y el Concello coinciden en señalar que no afectará en absoluto al proyecto de El Corte Inglés en Mariñamansa. 'No deja de ser una disputa entre dos propietarios, que en este caso tiene repercusión porque, lógicamente, uno de ellos es la Diputación pero no afecta para nada al desarrollo del suelo', explicaba el responsable de Flager, Francisco Castro.
De hecho, Castro asegura que la urbanización de la finca comenzará tan pronto como El Corte Inglés desee comenzar las obras de su centro comercial. 'Estamos pendientes de los plazos para simultanear la urbanización con la primera edificación que se pretende hacer, que en principio posiblemente sea la de El Corte Inglés', afirma Castro. En este sentido, fuentes próximas al proyecto indicaban recientemente que la empresa está ultimando el proyecto de ejecución de su centro comercial, toda vez que ya tiene licencia municipal de obra.
Pero al margen del procedimiento para resolver el cumplimiento del acuerdo privado, la Diputación y Flager mantienen otros frentes abiertos. Así, la inmobiliaria presentó una reclamación patrimonial para que la institución provincial le pague los siete millones de euros que ha tenido que abonar a su vez a los reversionistas de la Finca Santamarinan para conseguir desbloquear la situación judicial del terreno. Un conflicto que todavía se encuentra en su fase administrativa, dado que la Diputación tiene un plazo de seis meses para contestar esta reclamación, que vence el próximo mes de junio.
El otro frente está abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La Diputación recurrió el acuerdo del Concello -que éste desestimó por entender que estaba fuera de plazo- que autorizaba la urbanización de la Finca Santamarina en cinco fases, al entender que sus proyectos quedaban enmarcados en etapas posteriores y que, por lo tanto, salen perjudicados sus intereses. En todo caso, este recurso tampoco afectará al desarrollo urbanístico más allá de que finalmente la urbanización se realice en una única fase o en las cinco previstas. De hecho, desde Flager se puntualiza también que el acuerdo alcanzado 'no excluye que se puedan realizar varias fases a la vez'.
Pero al margen del procedimiento para resolver el cumplimiento del acuerdo privado, la Diputación y Flager mantienen otros frentes abiertos. Así, la inmobiliaria presentó una reclamación patrimonial para que la institución provincial le pague los siete millones de euros que ha tenido que abonar a su vez a los reversionistas de la Finca Santamarinan para conseguir desbloquear la situación judicial del terreno. Un conflicto que todavía se encuentra en su fase administrativa, dado que la Diputación tiene un plazo de seis meses para contestar esta reclamación, que vence el próximo mes de junio.
El otro frente está abierto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La Diputación recurrió el acuerdo del Concello -que éste desestimó por entender que estaba fuera de plazo- que autorizaba la urbanización de la Finca Santamarina en cinco fases, al entender que sus proyectos quedaban enmarcados en etapas posteriores y que, por lo tanto, salen perjudicados sus intereses. En todo caso, este recurso tampoco afectará al desarrollo urbanístico más allá de que finalmente la urbanización se realice en una única fase o en las cinco previstas. De hecho, desde Flager se puntualiza también que el acuerdo alcanzado 'no excluye que se puedan realizar varias fases a la vez'.
