Los vecinos de las calles Cabeza de Manzaneda y Pena Corneira relatan que el viernes por la noche se hartaron de llamar a los teléfonos policiales sin obtener respuesta. Esta semana se celebraron varias graduaciones de alumnos que acabaron el bachillerato y muchos se trasladaron a la vía pública.
Si bien desde la concejalía de Seguridad Ciudadana el pasado 11 de abril aseguraban que incrementarían los dispositivos de vigilancia, para evitar reyertas y otros conflictos comunes, el viernes poco se notó su presencia. “La situación era especialmente peligrosa para el estudiantado que ocupaba la calzada mientras bebía”, explica uno de los vecinos. “Un vehículo dio un bocinazo para poder pasar y un joven le asestó una patada”, recuerdan entre otros episodios.
Los residentes critican lo sucedido y señalan que “la tan aireada colaboración policial ha vuelto a quedar en entredicho. Desconocemos las causas que impidieron que se personara inmediatamente alguna patrulla policial”.
Durante el resto de la noche, de gran afluencia de gente, no se reseñaron incidencias de gravedad. Sin embargo, los vecinos que residen en las inmediaciones de la zona de pubs lamentan que todavía no exista una ordenanza para evitar el botellón. Aunque beber en la calle está totalmente prohibido en Galicia desde que en febrero de 2021 se aprobó la Lei de Saúde de la Xunta, los vecinos echan en falta una ordenanza que articule las sanciones y también las alternativas para evitar esta práctica.
El pasado verano, con el alivio de las restricciones, la plaza de las Mercerdes se convirtió en el epicentro de un macrobotellón que a lo largo del verano se extendió a lo largo de diversas plazas en la ciudad. Residentes y hosteleros, cansados de ruido, suciedad y reyertas se movilizaron para que la Policía actuase. Con vigilancia se pudo frenar, pero no se evitó por completo.
En julio de 2021, partidos políticos, la Federación Limiar y Agrupación Miño retomaron una comisión que llevaba un año paralizada y se reunieron en el salón de plenos. No lograron, sin embargo, sacar adelante este plan que lleva casi cinco años estancada. La idea se presentó el 10 de noviembre de 2017. La entonces concejala de Servicios Sociales, Sofía Godoy, anunciaba la preparación de una Ordenanza de Concienciación Cívica, siguiendo la estela de muchas ciudades de España, que empezaron a regular esta actividad ilegal a partir del 2003. Aunque el anterior gobierno llegó a presentar un borrador, con la entrada de Gonzalo Pérez Jácome este proyecto quedó olvidado.
Los vecinos, además de instar que se retome, apuntan a la necesidad de medidas complementarias como campañas de prevención del alcoholismo en los más jóvenes.
