Las diferencias existentes entre vecinos de la aldea de Trigal y la Junta de Montes de Mano Común de Portela-Trigal amenazan con dejar sin empleo a aproximadamente 300 trabajadores. Esta situación la puso sobre la mesa el abogado y representante legal de los comuneros, José Antonio Iglesias, quien, momentos antes de la junta general de ayer, anunció que un juzgado fijó el 1 de marzo para que se proceda al lanzamiento de las empresas Samaca, Irosa y la antigua Pizarras Trevinca, cuyos terrenos reclama la citada junta de montes.
“Tienen que marchar. Los terrenos son de la comunidad y las naves y construcciones también. El Juzgado lanza con la ayuda de la Guardia Civil, que vendrá a apoyar”, dijo José Antonio Iglesias, quien tras recordar que el lanzamiento llega tras un pleito iniciado en 2015, explicó que “los trabajadores no son problema de la comunidad es de la empresa, que no supo gestionar y ha querido esta situación. Se ha encerrado diciendo que los terrenos son de su propiedad”.
En la reunión, los comuneros también analizaron el recurso contencioso administrativo contra una orden de la Xunta para la ocupación pública de parcelas mediante una expropiciación iniciada por las pizarreras, según Iglesias.
A su vez, fuentes empresariales se limitaron a calificar de “desproporcionada” la propuesta de arrendamiento que en su día presentó la junta de montes.
En el exterior del local donde se desarrolló la reunión, Pedro Rodríguez, presidente de Agroganadera del Macizo Central Agromacen), acompañó a un grupo de vecinos que aseguran tener derecho a ser comuneros y criticó a la junta de montes. “Se ampara en temas xudiciais cunha canteira porque non lles gusta como votan e os botan de comuneiros. O tema xudicial é unha tapadeira, o que queren é gañar diñeiro e marchar co diñeiro do pobo”. Estos vecinos dicen que son nueve los no admitidos como comuneros y que aseguran tener derecho a serlo, cinco de ellos amparados por sentencias judiciales que fueron recurridas. Añaden que cinco de los seis miembros de la junta son parientes.
Sara Buitrago: "De qué voy a vivir"
“Quieren cerrar la empresa en la que trabajamos los del pueblo y en la que ellos se jubilaron porque hay otros intereses detrás”, comentó Sara Buitrago, una vecina que reclama ser comunera. “Las familias que comemos gracias a esa empresa no queremos que la cierren. No me admiten de comunera y me dejan sin trabajo. ¿De qué voy a vivir? Ellos están comiendo del pueblo”, dijo, aludiendo a los ingresos de la Junta de Montes de Mano Común Portela-Trigal, que en 2022 ascendieron a casi 190.000 euros.
En defensa de los trabajadores salió Anxo Pérez Carballo, secretario comarcal de la central CIG en Ourense. Afirmó que “a parte perxudicada son os traballadores e non é normal que se dirima algo tan importante sin falar cos perxudicados”. Diferenció entre el conflicto judicial de “unha comunidade denunciada polos veciños que non admite, cunha base xurídica cuestionable”, y lo que “verdadeiramente preocupa: hai 250 familias que viven do salario de Irosa. Estamos para defender o traballo”.
La alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González, a su vez, afirmó: “Lucharé para evitar la destrucción de los puestos de trabajo por la avaricia y la sinrazón de los que dominan el pueblo por la fuerza”.
