El juicio por supuesto delito fiscal contra el presidente de Samaca, Rogelio López, y otros cuatro pizarreros del grupo se suspendió ayer ante la ausencia de dos testigos considerados fundamentales. La defensa solicitó el sobreseimiento del caso.
La ausencia de dos testigos, considerados fundamentales por la acusación, llevó a la suspensión del juicio en el que comparecían como acusados el presidente del consejo de administración de la pizarrera Samaca, Rogelio López, y los representantes de otras cuatro empresas adscritas al grupo, Juan Carlos González, Antonio Silva, Martín Domínguez y David Arias.
A pesar de la suspensión, las defensas pudieron plantear sus cuestiones previas, en las que interesaron el sobreseimiento de la causa que se sigue contra los acusados y contra Samaca como responsable civil. Se basan para ello en que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza ya se pronunció sobre los ingresos en la cuenta bancaria del cuñado de López procedente de la venta de pizarra a una empresa alemana, condenándolo a pagar una multa por no declarar esos ingresos. Entienden así que es una cuestión ya juzgada al tratarse de los mismos hechos considerados por el Tribunal Superior de Xustiza en sentencia. Los abogados consideran por lo tanto que los escritos de acusación del fiscal y la Abogacía del Estado reflejan una situación de doble imposición económica y jurídica, es un tema absolutamente juzgado, por lo que reclaman el sobreseimiento libre de las actuaciones y la consiguiente absolución de los procesados.
A esta petición se opuso el fiscal, que considera que la sentencia del Tribunal Superior se refiere únicamente a los ingresos del año 1997 y que los que se pretenden juzgar son del año anterior. Del mismo modo, sostiene que el proceso actual, de ámbito penal, prevalece sobre el contencioso.
Fijada la vista para el 22 de septiembre
El juicio quedó señalado para el próximo 22 de septiembre. El motivo de que se retrase durante tantos meses es el tener que realizar los trámites para citar a declarar a uno de los testigos que ayer no acudieron al juicio. Y es que este hombre reside en Alemania y, para asegurarse de que recibe la citación judicial, el Juzgado de lo Penal número 2 ha optado por citarlo ahora mediante comisión rogatoria a través de juzgados alemanes, un trámite que requiere varios meses para su ejecución.
No obstante, aunque los acusados no declararon, Rogelio López sí quiso reiterar su inocencia en declaraciones a los medios, vinculando el dinero a los sobresueldos a empleados de las pizarreras. El fiscal lo acusa de un presunto delito contra la Hacienda pública al considerar que no pagó a Hacienda algo más de 211.000 euros de los que correspondían por ventas de pizarra por valor de más de 120 millones de pesetas a una empresa alemana, que ingresaba el dinero directamente en la cuenta bancaria de un cuñado de López. A los otros acusados les imputa el mismo delito en calidad de coautores, al considerar que conocían el ingreso de este dinero y la supuesta intención de ocultárselo a Hacienda.
El juez decidirá antes del juicio si archiva el caso.
A pesar de la suspensión, las defensas pudieron plantear sus cuestiones previas, en las que interesaron el sobreseimiento de la causa que se sigue contra los acusados y contra Samaca como responsable civil. Se basan para ello en que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza ya se pronunció sobre los ingresos en la cuenta bancaria del cuñado de López procedente de la venta de pizarra a una empresa alemana, condenándolo a pagar una multa por no declarar esos ingresos. Entienden así que es una cuestión ya juzgada al tratarse de los mismos hechos considerados por el Tribunal Superior de Xustiza en sentencia. Los abogados consideran por lo tanto que los escritos de acusación del fiscal y la Abogacía del Estado reflejan una situación de doble imposición económica y jurídica, es un tema absolutamente juzgado, por lo que reclaman el sobreseimiento libre de las actuaciones y la consiguiente absolución de los procesados.
A esta petición se opuso el fiscal, que considera que la sentencia del Tribunal Superior se refiere únicamente a los ingresos del año 1997 y que los que se pretenden juzgar son del año anterior. Del mismo modo, sostiene que el proceso actual, de ámbito penal, prevalece sobre el contencioso.
Fijada la vista para el 22 de septiembre
El juicio quedó señalado para el próximo 22 de septiembre. El motivo de que se retrase durante tantos meses es el tener que realizar los trámites para citar a declarar a uno de los testigos que ayer no acudieron al juicio. Y es que este hombre reside en Alemania y, para asegurarse de que recibe la citación judicial, el Juzgado de lo Penal número 2 ha optado por citarlo ahora mediante comisión rogatoria a través de juzgados alemanes, un trámite que requiere varios meses para su ejecución.
No obstante, aunque los acusados no declararon, Rogelio López sí quiso reiterar su inocencia en declaraciones a los medios, vinculando el dinero a los sobresueldos a empleados de las pizarreras. El fiscal lo acusa de un presunto delito contra la Hacienda pública al considerar que no pagó a Hacienda algo más de 211.000 euros de los que correspondían por ventas de pizarra por valor de más de 120 millones de pesetas a una empresa alemana, que ingresaba el dinero directamente en la cuenta bancaria de un cuñado de López. A los otros acusados les imputa el mismo delito en calidad de coautores, al considerar que conocían el ingreso de este dinero y la supuesta intención de ocultárselo a Hacienda.
El juez decidirá antes del juicio si archiva el caso.
