La Audiencia se inhibe en el caso contra el expresidente de la DO Valdeorras

Una denuncia falsa en 2003 sigue sin juzgarse

El acusado, a la puerta del Juzgado de lo Penal 2 el 24 de enero. (Foto: M. PINAL)
El juicio contra el expresidente del Consello Regulador de Valdeorras, Maximino Losada Arias, se celebrará en el Juzgado de lo Penal 2 y no en la Audiencia de Ourense, después de que el magistrado del primer órgano judicial suspendiese la vista oral del pasado 24 de enero y ordenase remitir el caso al segundo.
El motivo que, entonces, desencadenó la remisión de las diligencias al alto tribunal provincial radicó en que la acusación particular acusaba a Losada Arias de un delito de estafa cualificada, por el que se puede imponer una pena máxima de hasta seis años (superándose el límite de cinco que obliga a derivar el caso a la Audiencia).

Así, a pesar de que el fiscal solicitaba inicialmente para el encausado una condena de 15 meses de prisión por un delito de denuncia falsa, además de una multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios, el juez de lo Penal 2 dictaminó el día de la vista oral que no podía enjuiciar al procesado.

No obstante, ahora, casi cuatro meses después, la Audiencia de Ourense ordenó al Juzgado de lo Penal 2 que asuma este caso al considerar, según fuentes cercanas al mismo, que 'o propio xulgado do Penal dictou un auto no seu momento no que aceptou a súa competencia para ir á fase de xuízo oral que non foi recorrido polas partes'.

La nueva fecha en la que deberá sentarse en el banquillo del Juzgado de lo Penal 2 Maximino Losada está fijada ya para el 12 de diciembre de este año, a las 10 horas.

Ahora, con todo, una de las partes implicadas en este proceso, en el que el fiscal atribuye al expresidente del Consello haber acusado en falso en 2003 a F.C.G. para perjudicar 'su vida laboral y social' (exsecretario de dicho organismo), indica que los letrados de la acusación particular, en la práctica, se verán obligados a rebajar las penas que piden para el encausado.

Por último, los presuntos hechos delictivos que las acusaciones atribuyen al procesado llegarán ahora a juicio, de nuevo, tras más de nueve años de haberse producido.

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