El que fuera secretario del Consello Regulador Valdeorras entre 1988 y 2003, Felipe Clemente González Macías, arrastra, 10 años después, las consecuencias laborales y psicológicas ocasionadas por las acusaciones vertidas por el hombre que fue designado presidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras en junio de 2002, Manuel Maximino Losada Arias . Este último acusó al primero, meses después de asumir el cargo, de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, al tiempo que ordenó su despido.
Esa denuncia ni siquiera llegó a juicio porque se archivó, pero las consecuencias para el exsecretario aún colean una década después: 'No volví a trabajar nunca más porque se me cerraron todas las puertas, salvo un corto periodo de tiempo en una bodega', dijo ayer González Macías en la vista oral seguida en el Juzgado de lo Penal 2 contra Losada Arias por denuncia falsa.
Ayer relató con pormenores el calvario sufrido en este tiempo, en el que no sólo se le señaló en el concello en el que vive, A Rúa, sino en el sector del que era profesional, el vitivinícola, y en el que se le cercenó todo tipo de proyección laboral. 'Viví esto como una pesadilla -relató González Macías-, y no le deseo a nadie todo lo que llevo pasado, ni siquiera a Maximino', aseguró ayer durante el juicio.
Pese a que el juzgado de O Barco archivó la imputación por apropiación indebida contra el exsecretario, el otrora acusador y hoy acusado, Losada Arias, insistió ayer en que presentó denuncia contra el exsecretario porque 'se estaba apropiando de cantidades indebidas (90 euros al mes en concepto de dietas que ascendían 180 en julio y diciembre) y se había falsificado mi firma'. Pero tanto dos expresidentes como trabajadores del Consello Regulador declararon que Felipe González tenía reconocida, al margen de sus honorarios en nómina, una gratificación en concepto de dietas porque utilizaba su propio coche para desplazamientos por la comarca. Una administrativa también declaró que Losada autorizó telefónicamente al exsecretario en una ocasión a utilizar su firma para autorizar el pago de nóminas atrasadas. Y lo sabe porque la conversación se tuvo con el manos libres accionado.
También corroboraron la versión dada por la víctima sobre la forma personalista de llevar la gestión del consello y la toma de decisiones arbitrarias por parte de Maximino Losada al margen del pleno, el motivo de distanciamiento entre ambos. 'El secretario le reprochó que no cumplía los acuerdos plenarios', aseveró la administrativa. Y hasta lo denunció por llevarse el libro de actas, que después reintegró pero sin una hoja.
El fiscal en su alegato final subrayó el hecho de las 'abrumadoras mendacidades y falacias' desplegadas por el acusado al denunciar falsamente a Felipe González. A su juicio, el inculpado 'empleó de forma torticera la administración de justicia en detrimento de otra persona'.
El letrado del encausado insistió en que 'no había una sola acta en la que se demuestre que está aprobado el pago de 90 euros al mes' y achacó 'falta de rigor técnico' a la hora de reclamar las indemnizaciones y cifrar las cuantías de la responsabilidad civil en tanto que la acusación particular reclama en diversos conceptos 1,2 millones al acusado.
La acusación particular insistió en el daño moral causado es 'irreparable' y en el 'síndrome' del extrabajador 'por querer demostrar su inocencia'.
CALIFICACIONES
El fiscal
Quince meses de prisión y multa de 18 meses (con cuota diaria de 12 euros) por un delito de denuncia falsa. No establece responsabilidad civil.
Acusación particular
Imputa un delito de denuncia falsa . Pide dos años de cárcel y 22 meses multa (12 euros al día). Fija una indemnización de 67.670 euros por las diferencias salariales; 540.247 en concepto del lucro cesante; 400.000 por daños morales y 17.000 por gastos de abogados.
Abogado del Estado
Misma petición que el fiscal pero añade 67.000 por los salarios de tramitación que abonó el Estado.
Defensa
Libre absolución .
Xunta y C. Regulador
Exoneración de responsabilidad.
Ayer relató con pormenores el calvario sufrido en este tiempo, en el que no sólo se le señaló en el concello en el que vive, A Rúa, sino en el sector del que era profesional, el vitivinícola, y en el que se le cercenó todo tipo de proyección laboral. 'Viví esto como una pesadilla -relató González Macías-, y no le deseo a nadie todo lo que llevo pasado, ni siquiera a Maximino', aseguró ayer durante el juicio.
Pese a que el juzgado de O Barco archivó la imputación por apropiación indebida contra el exsecretario, el otrora acusador y hoy acusado, Losada Arias, insistió ayer en que presentó denuncia contra el exsecretario porque 'se estaba apropiando de cantidades indebidas (90 euros al mes en concepto de dietas que ascendían 180 en julio y diciembre) y se había falsificado mi firma'. Pero tanto dos expresidentes como trabajadores del Consello Regulador declararon que Felipe González tenía reconocida, al margen de sus honorarios en nómina, una gratificación en concepto de dietas porque utilizaba su propio coche para desplazamientos por la comarca. Una administrativa también declaró que Losada autorizó telefónicamente al exsecretario en una ocasión a utilizar su firma para autorizar el pago de nóminas atrasadas. Y lo sabe porque la conversación se tuvo con el manos libres accionado.
También corroboraron la versión dada por la víctima sobre la forma personalista de llevar la gestión del consello y la toma de decisiones arbitrarias por parte de Maximino Losada al margen del pleno, el motivo de distanciamiento entre ambos. 'El secretario le reprochó que no cumplía los acuerdos plenarios', aseveró la administrativa. Y hasta lo denunció por llevarse el libro de actas, que después reintegró pero sin una hoja.
El fiscal en su alegato final subrayó el hecho de las 'abrumadoras mendacidades y falacias' desplegadas por el acusado al denunciar falsamente a Felipe González. A su juicio, el inculpado 'empleó de forma torticera la administración de justicia en detrimento de otra persona'.
El letrado del encausado insistió en que 'no había una sola acta en la que se demuestre que está aprobado el pago de 90 euros al mes' y achacó 'falta de rigor técnico' a la hora de reclamar las indemnizaciones y cifrar las cuantías de la responsabilidad civil en tanto que la acusación particular reclama en diversos conceptos 1,2 millones al acusado.
La acusación particular insistió en el daño moral causado es 'irreparable' y en el 'síndrome' del extrabajador 'por querer demostrar su inocencia'.
CALIFICACIONES
El fiscal
Quince meses de prisión y multa de 18 meses (con cuota diaria de 12 euros) por un delito de denuncia falsa. No establece responsabilidad civil.
Acusación particular
Imputa un delito de denuncia falsa . Pide dos años de cárcel y 22 meses multa (12 euros al día). Fija una indemnización de 67.670 euros por las diferencias salariales; 540.247 en concepto del lucro cesante; 400.000 por daños morales y 17.000 por gastos de abogados.
Abogado del Estado
Misma petición que el fiscal pero añade 67.000 por los salarios de tramitación que abonó el Estado.
Defensa
Libre absolución .
Xunta y C. Regulador
Exoneración de responsabilidad.
