El 19 de abril de 2003 se desencadenó una operación antidroga en O Barco, denominada Avellana, que permitió al Ministerio Fiscal formalizar acusación contra nueve personas. En diciembre del pasado año tendría que haberse celebrado el juicio, pero la imposibilidad de localizar a los principales imputados motivó su suspensión. Ahora sí estarán todos en el banquillo.
Pasados tres meses de su primer señalamiento, el juicio contra los acusados por la operación Avellana, con la que se desarticuló una red de supuestos narcos en O Barco, al fin podrá celebrarse la vista oral. Esta había sido fijada para los días 1, 2 y 3 del pasado mes de febrero, pero la Audiencia provincial de Ourense se vio obligada a suspenderlo sine die, ante la desaparición sin dejar rastro de Harold Andrés Bonilla Tejada y Yuli Paulina Mendes Giraldo. Se trata de dos de los nueve acusados en el marco de la Operación Avellana, desarrollada contra el narcotráfico en el año 2003. Ambos de nacionalidad colombiana, se habían difuminado. Desde dos meses antes del juicio, a la Audiencia le dejó de constar su localización. Hasta entonces habían estado acudiendo a un juzgado de Madrid para dar fe de su localización en territorio nacional. Ante esta circunstancia, se formalizó una requisitoria judicial con el fin de alertar a las fuerzas de seguridad ante la aparición de algún indicio que pueda destapar la localización. Ahora han sido localizados, una vez subsanada una descoordinación judicial en Madrid.
La vista oral, que se resolverá a finales de este mes, dirimirá la implicación o no en el delito de tráfico de drogas también a Oswaldo Amaya Laurada, Juan Carlos García Barba alias Cacao, Anabella Lozada alias La Chimba, Arsenio García Barba alias Carra, Carina Andreia Marques, Enrique Ramos González e Isabel García.
A partir de abril de 2003, a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil, se tuvo conocimiento, según el Ministerio Fiscal, de que los acusados, a excepción de Isabel García, podrían integrar una banda organizada dedicada a la introducción y venta ilegal de droga en Valdeorras. Analizadas las conversaciones telefónicas mantenidas entre los acusados, las transferencias bancarias entre ellos, el seguimiento policial y otras diligencias, se habría advertido que los acusados formaban una estructura con distintos niveles. Las dos personas huidas y Oswaldo Amaya, integrarían la dirección. Ellos analizaban, según la acusación, la información, determinaban el momento y la cantidad de droga que iban a introducir en el mercado y viajaban desde sus residencias en Madrid transportando la cocaína hasta los domicilios de los hermanos García Barba en O Barco. El escalón de la distribución lo formaban Juan Carlos y Arsenio García Barba, Anabella Lozada y Carina Andreia Marques. Obedecían instrucciones, pero a su vez bajo su cargo tendrían a personas. Enrique Ramos ejercería de intermediario ejecutor de las misiones que le encomendaban los distribuidores. Isabel García vendería hachís a los consumidores finales. El fiscal reclama 79 años para los nueve acusados. Doce para cada uno de los que formaban la dirección.
La vista oral, que se resolverá a finales de este mes, dirimirá la implicación o no en el delito de tráfico de drogas también a Oswaldo Amaya Laurada, Juan Carlos García Barba alias Cacao, Anabella Lozada alias La Chimba, Arsenio García Barba alias Carra, Carina Andreia Marques, Enrique Ramos González e Isabel García.
A partir de abril de 2003, a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil, se tuvo conocimiento, según el Ministerio Fiscal, de que los acusados, a excepción de Isabel García, podrían integrar una banda organizada dedicada a la introducción y venta ilegal de droga en Valdeorras. Analizadas las conversaciones telefónicas mantenidas entre los acusados, las transferencias bancarias entre ellos, el seguimiento policial y otras diligencias, se habría advertido que los acusados formaban una estructura con distintos niveles. Las dos personas huidas y Oswaldo Amaya, integrarían la dirección. Ellos analizaban, según la acusación, la información, determinaban el momento y la cantidad de droga que iban a introducir en el mercado y viajaban desde sus residencias en Madrid transportando la cocaína hasta los domicilios de los hermanos García Barba en O Barco. El escalón de la distribución lo formaban Juan Carlos y Arsenio García Barba, Anabella Lozada y Carina Andreia Marques. Obedecían instrucciones, pero a su vez bajo su cargo tendrían a personas. Enrique Ramos ejercería de intermediario ejecutor de las misiones que le encomendaban los distribuidores. Isabel García vendería hachís a los consumidores finales. El fiscal reclama 79 años para los nueve acusados. Doce para cada uno de los que formaban la dirección.
