El presidente de Samaca, Rogelio López, niega haber defraudado 211.077 euros en 1996, como dice la Fiscalía. El pizarrista atribuye la acusación a una revancha por haber sido absuelto de un procedimiento anterior y dice que las ventas no las hizo Samaca.
Tengo la impresión de que se nos sigue persiguiendo como revancha. Esta afirmación la hizo ayer el presidente de la pizarrera Samaca, Rogelio López, ante la pena que solicita el fiscal por un delito contra la Hacienda Pública, por defraudar 211.077 euros. El pizarrista aludió a su absolución en 2007 de cinco delitos contra la Hacienda pública. Entonces, la Fiscalía solicitó 12 años de cárcel y más de ocho millones de euros de multa. Creo que lo que se valora no es si fuimos o no inocentes, si existió o no el delito penal. Lo que cuenta es si he ganado o he perdido, protestó.
La condena a la que se enfrenta en este nuevo procedimiento es muy inferior, pues el fiscal rebajó los años de prisión a tres y dejó en 844.308 euros la multa. En el juicio que comienza hoy en Ourense, Rogelio López estará acompañado de otros cuatro pizarristas: Juan Carlos González, Antonio Silva, Martín Domínguez y David Arias. Son los responsables de Pizarras Gonta, Pizarras Galir, Pizarras La Tranquila y Pizarras Os Vales, respectivamente. La Fiscalía solicita dos años y nueve meses de prisión y multas de 738.769 euros para cada uno.
Los cinco pizarristas se sientan hoy en el banquillo de acusados de un fraude de 35.120.272 (211.077 euros) en 1996. Rogelio López insistió en que Samaca no tenía nada que ver en esas operaciones. Fueron las empresas las que vendieron la pizarra y dicen que fue Samaca la que lo hizo. De este matiz depende la calificación de los hechos, pues el fraude que se atribuye a cada una de ellas no alcanza los 90.000 euros. Pero esta cifra es superada al sumarlas y atribuirlas a Samaca.
Rogelio López explicó que la venta de esa pizarra buscaba obtener el dinero necesario para regularizar el pago de los salarios a los trabajadores y eliminar los sobresueldos y pagas extras. En aquel momento, faltaba mano de obra y era imprescindible pagar sobresueldos y horas extras, dijo. Añadió que las empresas vendieron la pizarra al lucense Manuel Álvarez, que la exportó. Después, cuando éste fue inspeccionado, los pizarristas acudieron al Juzgado para declarar lo que le habían vendido y entregar la lista con los sueldos de los trabajadores.
El empresario señala además que llegamos a un acuerdo con la Agencia Tributaria y la Fiscalía no quiso aceptar las condiciones a las que habíamos llegado. ¿Por qué razón?. Apunta que el fiscal no hizo caso de un fallo del Tribunal Superior de Xustiza que dice que ciertas operaciones de 1996, cobradas en 1997, no son ventas no declaradas.
Los delincuentes tienen un paraíso en España, las grandes empresas también, pero a los que estamos en medio nos abrasan, protesta el responsable de una empresa de 700 trabajadores, que también se enfrenta a otros dos procedimientos penales, por accidentes laborales.
La condena a la que se enfrenta en este nuevo procedimiento es muy inferior, pues el fiscal rebajó los años de prisión a tres y dejó en 844.308 euros la multa. En el juicio que comienza hoy en Ourense, Rogelio López estará acompañado de otros cuatro pizarristas: Juan Carlos González, Antonio Silva, Martín Domínguez y David Arias. Son los responsables de Pizarras Gonta, Pizarras Galir, Pizarras La Tranquila y Pizarras Os Vales, respectivamente. La Fiscalía solicita dos años y nueve meses de prisión y multas de 738.769 euros para cada uno.
Los cinco pizarristas se sientan hoy en el banquillo de acusados de un fraude de 35.120.272 (211.077 euros) en 1996. Rogelio López insistió en que Samaca no tenía nada que ver en esas operaciones. Fueron las empresas las que vendieron la pizarra y dicen que fue Samaca la que lo hizo. De este matiz depende la calificación de los hechos, pues el fraude que se atribuye a cada una de ellas no alcanza los 90.000 euros. Pero esta cifra es superada al sumarlas y atribuirlas a Samaca.
Rogelio López explicó que la venta de esa pizarra buscaba obtener el dinero necesario para regularizar el pago de los salarios a los trabajadores y eliminar los sobresueldos y pagas extras. En aquel momento, faltaba mano de obra y era imprescindible pagar sobresueldos y horas extras, dijo. Añadió que las empresas vendieron la pizarra al lucense Manuel Álvarez, que la exportó. Después, cuando éste fue inspeccionado, los pizarristas acudieron al Juzgado para declarar lo que le habían vendido y entregar la lista con los sueldos de los trabajadores.
El empresario señala además que llegamos a un acuerdo con la Agencia Tributaria y la Fiscalía no quiso aceptar las condiciones a las que habíamos llegado. ¿Por qué razón?. Apunta que el fiscal no hizo caso de un fallo del Tribunal Superior de Xustiza que dice que ciertas operaciones de 1996, cobradas en 1997, no son ventas no declaradas.
Los delincuentes tienen un paraíso en España, las grandes empresas también, pero a los que estamos en medio nos abrasan, protesta el responsable de una empresa de 700 trabajadores, que también se enfrenta a otros dos procedimientos penales, por accidentes laborales.
