Se negaron a votar los expedientes sancionadores abiertos a dos bodegas y dos viticultores.
El pleno del Consello Regulador de Valdeorras acordó ayer enviar a la Consellería do Medio Rural e do Mar los expedientes abiertos a dos bodegas y a otros tantos viticultores, por irregularidades detectadas en la última vendimia. La decisión fue respaldada por ocho de los diez miembros del órgano que preside José Luis García Pando. Los otros dos, Unións Agrarias y Xóves Agricultores,que representan a los productores, decidieron no apoyar la propuesta y abandonaron la sala antes de la votación.
"É prolongar máis a agonía das adegas. Levan catro meses pechadas, desde a vendimia", afirmaron fuentes sindicales a la hora de argumentar su decisión. No les falta razón. Los expedientes fueron llevados al pleno en diciembre en un informe que ya recogía sanciones muy duras para los expedientados. Ayer, los vocales acudieron al Consello pensando que iban a votar la resolución. Sin embargo, esta votación no se produjo. Una consulta de última hora del presidente le permitió conocer que una norma estatal de 2003, la Ley de la Viña y el Vino, deja en manos de las Administraciones autonómicas la capacidad resolutoria.
Esta ley llevó a José Luis García Pando a proponer una consulta a la Consellería do Medio Rural para que esta resuelva los expedientes o bien delegue en el Consello Regulador de Valdeorras cualquier decisión. El informe de diciembre contempla sanciones que van de un año de suspensión en el Consello Regulador, por haber sido detectadas cantidades de uva que no coinciden con las producciones estimadas por los técnicos, hasta la baja definitiva de una bodega de los registros de embotelladores y viticultores, al encontrar en su recinto un camión con matrícula portuguesa, que había sido cargado con uva.
