El Juzgado de lo Penal número dos de Ourense reanudó ayer la vista oral contra los cuatro miembros de la familia de O Castro (Viana) acusados, según el fiscal, de amenazar a sus vecinos con el objetivo 'de que se vayan del pueblo'. El juicio, que quedó visto para sentencia, pudo concluirse después de tres sesiones y de que testificaran más de 30 personas.
En la primera, celebrada el pasado 25 de mayo, los encausados, el matrimonio formado por Adelina Pérez y Antonio Páez, además de sus hijos, José Antonio y María Páez, negaron los hechos que se le imputaban aunque reconocieron 'llevarse mal' con algunos lugareños. El Ministerio Público, que ahora pide para cada uno de ellos tres años de prisión y un destierro de cinco, les atribuía, entre otras actuaciones, amenazar de muerte a los habitantes de la localidad, dejar a sus perros sin custodia, continuos cortes de agua o introducir ganado en las fincas de los vecinos.
A lo largo de la vista de ayer declararon un total de 13 testigos propuestos por la defensa. Todos ellos aseguraron ante el juez no tener ningún conflicto personal con los procesados. 'Nunca escoitei que estiveran aterrorizando ó pobo', aseguró F.G.G., uno de los conocidos de la familia. 'Os seus cans non me atacaron', sostuvo otro, T.C., en evidente contradicción con las declaraciones de los testigos de la acusación y del fiscal, que sostuvieron en días pasados que los procesados dejaban a sus canes 'agresivos' sueltos y que incluso los 'azuzaban'. T.C. también explicó, a preguntas de la defensa, que 'non son persoas perigosas nin salvaxes'. Apuntó, no obstante, que 'os demais veciños non se relacionan con nós'. Otra testigo, S.M., compañera de trabajo de María Páez, indicó que esta acusada 'fundó un sindicato agrario' y que 'se relaciona bien con mucha gente'. Otro resumió todo el conflicto en 'una paranoia colectiva contra ellos, una exageración'.
Los testimonios expuestos ayer son radicalmente contrarios a los de las sesiones anteriores. En ellas, un agente de la Guardia Civil aseguró que 'la gente del pueblo está atemorizada'. La defensa indicó que los hechos no quedaron probados y pidió la absolución de la familia. El fiscal consideró lo contrario, que 'quedan acreditadas las amenazas' por lo que se ratificó en su petición de pena.
A lo largo de la vista de ayer declararon un total de 13 testigos propuestos por la defensa. Todos ellos aseguraron ante el juez no tener ningún conflicto personal con los procesados. 'Nunca escoitei que estiveran aterrorizando ó pobo', aseguró F.G.G., uno de los conocidos de la familia. 'Os seus cans non me atacaron', sostuvo otro, T.C., en evidente contradicción con las declaraciones de los testigos de la acusación y del fiscal, que sostuvieron en días pasados que los procesados dejaban a sus canes 'agresivos' sueltos y que incluso los 'azuzaban'. T.C. también explicó, a preguntas de la defensa, que 'non son persoas perigosas nin salvaxes'. Apuntó, no obstante, que 'os demais veciños non se relacionan con nós'. Otra testigo, S.M., compañera de trabajo de María Páez, indicó que esta acusada 'fundó un sindicato agrario' y que 'se relaciona bien con mucha gente'. Otro resumió todo el conflicto en 'una paranoia colectiva contra ellos, una exageración'.
Los testimonios expuestos ayer son radicalmente contrarios a los de las sesiones anteriores. En ellas, un agente de la Guardia Civil aseguró que 'la gente del pueblo está atemorizada'. La defensa indicó que los hechos no quedaron probados y pidió la absolución de la familia. El fiscal consideró lo contrario, que 'quedan acreditadas las amenazas' por lo que se ratificó en su petición de pena.
