El informe inicial de la Xunta sobre el Plan Xeral de Ordenación Municipal obligará al equipo de 'Estudio Técnico Gallego SA' a reflejar el impacto de la futura autovía A-76, que comunicará Ponferrada con Ourense. Su inclusión aparece recogida en el texto remitido por la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo al Concello, en el cual solicita 'xustificar a inclusión do seu trazado no plan, por canto non se achegan datos sobre o estado de tramitación do estudo informativo'.
La ausencia del trazado de la futura autovía es una de las carencias detectadas por los redactores del informe, que también demanda la determinación de una zona de reserva 'para o depósito e recollida de residuos procedentes da actividade agrogandeira'. En el capítulo industrial, el informe echa en falta la presencia de 'zonas susceptibles de recibir políticas de restauración ecolóxica, en especial as zonas de escombreiras de residuos de lousa e zonas de restauración forestal', según recoge el texto.
El alcalde de Vilamartín, el socialista Enrique Álvarez Barreiro, presentó el informe a los portavoces de la oposición, que forman PPdeG y Alternativa Popular Galega. En la cita también estuvieron el técnico municipal y un representante de la consultora que redactó el borrador del PXOM.
La propuesta sigue las directrices marcadas por el equipo de gobierno anterior, que dirigió la popular María Jesusa Candal. Su aprobación permitirá regularizar la situación en que se encuentra una veintena de casas y naves industriales, amenazadas por las órdenes de derribo que dictó la Xunta, al carecer de los permisos preceptivos y cuyos propietarios llevan meses reclamando una solución. Tan sólo la ubicación de dos casas hace difícil su legalización.
El alcalde de Vilamartín, el socialista Enrique Álvarez Barreiro, presentó el informe a los portavoces de la oposición, que forman PPdeG y Alternativa Popular Galega. En la cita también estuvieron el técnico municipal y un representante de la consultora que redactó el borrador del PXOM.
La propuesta sigue las directrices marcadas por el equipo de gobierno anterior, que dirigió la popular María Jesusa Candal. Su aprobación permitirá regularizar la situación en que se encuentra una veintena de casas y naves industriales, amenazadas por las órdenes de derribo que dictó la Xunta, al carecer de los permisos preceptivos y cuyos propietarios llevan meses reclamando una solución. Tan sólo la ubicación de dos casas hace difícil su legalización.
