Un proyecto eólico lleva a juicio por calumnias a un vecino de Cartelle

La Sección Penal (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense acogerá en octubre un juicio por un presunto delito de calumnias con publicidad, tras no alcanzarse un acuerdo de conformidad en la vista preliminar de este lunes. En el banquillo se sentará Jesús V.L., denunciado por siete miembros de la junta rectora de la comunidad de montes vecinales en mano común Coto Novelle (Sande, Oleiros y Parbón). El caso, que llegará a la vista oral sostenido únicamente por la acusación particular —ya que la Fiscalía no formula cargos—, destapa un profundo conflicto vecinal con un claro trasfondo: la instalación de un parque eólico en la zona.

El origen del litigio se remonta a septiembre de 2022. Según el escrito de acusación, el procesado inició una campaña pública colocando panfletos firmados con su nombre en tablones de anuncios, postes y marquesinas de autobuses en varios núcleos de Cartelle. En estos carteles, imputaba a la directiva comunera delitos de “usurpación, allanamiento y prevaricación” contra fincas particulares colindantes con el monte comunal.

Los querellantes sostienen que estas afirmaciones se realizaron con temerario desprecio hacia la verdad, argumentando que los límites del monte fueron fijados legalmente por el Jurado Provincial de Montes en 1979, cuando los actuales directivos ni siquiera eran comuneros.

Por el daño causado a su honor y crédito social, solicitan para el acusado una pena de seis meses de prisión o una multa de doce meses a razón de cinco euros diarios, además de una indemnización conjunta de 3.500 euros (500 euros para cada uno de los siete querellantes) y el pago de las costas.

Frente a estas acusaciones, la defensa de Jesús V.L. solicita la libre absolución basándose en la exceptio veritatis (la demostración de que lo afirmado es cierto). El escrito de defensa niega cualquier intención difamatoria y sostiene que el acusado actuó para defender sus propiedades y las de otros vecinos ante un intento real de la Junta Rectora de apropiarse de terrenos privados.

El núcleo del argumento defensivo señala un interés económico. Sostiene que la directiva intentó clasificar terrenos particulares como monte comunal, sin un deslinde previo, para firmar contratos de arrendamiento con la empresa Aratel. El objetivo final sería la implantación de cuatro aerogeneradores correspondientes al proyecto del parque eólico “AMR 7 PE Arnoia”. Además, la defensa cuestiona la legitimidad de los querellantes, alegando que la junta rectora está constituida ilegalmente y que el titular registral del monte es el Concello de Cartelle.