Acusan de nuevo en Ourense a una gestora de fincas por quedarse con dinero

A Paula B.D.P. su trabajo como gestora de comunidades de vecinos le está acarreando unas cuantas visitas a los juzgados de la ciudad. Nuevamente, está acusada de administración desleal y apropiación indebida por diversas irregularidades en la llevanza de las cuentas. Ya fue condenada por la Audiencia provincial, pendiente de la tramitación de un indulto, según fuentes judiciales, y así como por los dos juzgados penales de Ourense, con una sentencia suspendida y otras dos recurridas en apelación.

Hasta cuatro años de cárcel

En el Juzgado Penal 2 tiene ahora un procedimiento pendiente que quedó pospuesto este jueves por incomparecencia de un testigo clave, el presidente de la comunidad que la denunció, el número 67 de la avenida de Santiago, en el barrio de A Ponte. Los inquilinos de ese inmueble la acusan de provocarle un perjuicio de 13.517 euros.

La fiscalía pide inicialmente una pena de dos años y medio de cárcel, aunque el letrado de la acusación particular sube hasta los cuatro, además de multa y el abono de las costas procesales.

Las presuntas anomalías se refieren a los años 2018 y 2019. Aseguran los denunciantes y la fiscal que la inculpada cargó a la comunidad, actuando como secretaria administradora y bajo el nombre comercial de Galaicasa, recibos por importe de 2.101 euros “sin justificación alguna, apropiándose de dicha cantidad en su propio beneficio”. Otra de las irregularidades que le imputan es el quedarse con el dinero dada para pagar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) -los honorarios del arquitecto técnico-. Recibió para ese fin 2.000 euros cuando la factura del arquitecto era de 850, que hubo que pagar de nuevo.

“No se estaban pagando por la acusada múltiples gastos comunitarios ordinarios tales como el gasóleo de la calefacción, la cuota de mantenimiento de ascensor, la línea de teléfono del ascensor o el vado del Concello, entre otros. El perjuicio para la comunidad de vecinos está cifrado en 13.517 euros, la cantidad en la que está cifrada la responsabilidad civil.

La jueza del Penal 2 pospuso el juicio para el 27 de febrero del año que viene, por lo que los testigos deben ser citados de nuevo.