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SOCIEDAD
La Plataforma de Afectados por Aspanas valoró ayer como "moi grave" la afirmación realizada la semana pasada durante el juicio por la gestión de la empresa en la que se admitió que se racionó comida a 150 personas con discapacidad intelectual y se dejaron de pagar nóminas a trabajadores de atención directa.
El colectivo recuerda que Aspanas recibió cerca de ocho millones de euros de dinero público y copago de los usuarios entre 2014 y 2016.
Ante esto, la plataforma acaba de presentar una denuncia ante la Xunta, que será incorporada al procedimiento penal abierto para la investigación de todo lo sucedido desde diciembre de 2014.
Los afectados aseguran tener en su poder la firma de las prórrogas de los contratos que acreditan que ese dinero no se podía destinar a otros pagos más que a los estipulados.
La plataforma reitera su malestar con las "mentiras y farsas" de la nueva junta directiva de Aspanas, presidida por Antonia Masid, "dado que trasladan una imagen que no se corresponde con la realidad, utilizando para otros intereses a las personas con discapacidad intelectual". Concluye el colectivo afirmando que "son responsables de permitir irregularidades".
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