Amenaza de multa a los abogados del turno de oficio de Ourense que vayan a la huelga

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Ourense advierte a los abogados que tomará medidas si siguen ausentándose

Una de las concentraciones del turno de oficio a las puertas de los juzgados.
Una de las concentraciones del turno de oficio a las puertas de los juzgados.

La huelga que mantienen los abogados del turno de oficio desde el pasado 21 de noviembre alcanza un nuevo hito después de que el Juzgado de Instrucción nº2 de Ourense haya advertido a letrados que la secundan: deben asistir a los procedimientos marcados, y si no lo hacen en las fechas establecidas, podrían enfrentarse a sanciones.

Así lo aseguraba el Colegio de Abogados de Ourense, donde recientemente tomaban la decisión de no sustituir a quienes estén secundando la protesta, al contrario de que lo sucede en otras provincias como A Coruña y en contra también de lo que se les pedía desde las instancias judiciales.

De fondo, subyace un conflicto de intereses porque el Gobierno rechaza el derecho a la huelga en el turno de oficio al carecer de una “relación laboral, estatutaria o funcional con el Ministerio de Justicia”. Los colegios son subvencionados por la prestación de un servicio que el profesional percibe como una indemnización. Al mismo tiempo, por este motivo y por no ser trabajadores por cuenta ajena, “no pueden constituir sindicatos”. Sin embargo, en 2021 nacía el sindicato de abogados Venia, ante lo que consideraban un desamparo por parte de los colegios. Venia es el convocante de esta huelga, que comenzaba a finales de 2023, y que genera aplazamientos cada vez que un abogado del turno de oficio no se presenta.

Sanciones

Fuentes del Colegio de Abogados señalan que el artículo 553 de la Ley Orgánica del Poder Judicial da cobertura al juez para establecer medidas coercitivas, tal y como habría hecho el Juzgado de Instrucción nº2 de Ourense, encabezado por María Celeste Ameneiro. La sanción se apoyaría en su tercer supuesto, que marca la no comparecencia sin causa justificada. Y al no reconocer el derecho de huelga, se podría incurrir en esta falta.

Rosa Lozano, portavoz en Galicia del sindicato Venia, lo ve de otra manera. “No existe un reglamento en la profesión que regule este tipo de sanciones y por ahora no se ha registrado ningún tipo de sanción. Algunos jueces han amenazado con abrir un proceso por obstrucción a la justicia, pero no hay caso. No se puede sancionar a un trabajador por ejercer su derecho a la huelga”, explica.

Lozano felicitaba al Colegio de Abogados de Ourense por la decisión de no sustituir a quienes secunden las protestas. “Es una alegría y esperamos que cunda el ejemplo, ya que el Colegio de Abogados de A Coruña sí ha facilitado la sustitución”, añade la portavoz de Venia.

Cambios y apoyos

“El colegio ampara el derecho a la huelga de sus colegiados. Si el letrado no tiene derecho a la huelga, el juzgado no debería pedir el cambio. Si tuviera derecho, entonces debería respetar la huelga y señalar una nueva fecha. Por eso, a partir de ahora, si el juzgado pide un cambio, el colegio dirá que no”, señalan desde el órgano colegial. Las mismas fuentes creen que debería dilucidarse de una vez por todas esta discrepancia sobre si se tiene derecho o no a la protesta, y proponen hacerlo a través del juzgado de lo social. El sindicato Venia cree que el derecho a la huelga debería serles reconocido, ya que “no existe doctrina, ni jurisprudencia que avale la ausencia de ese derecho; cualquier trabajador del siglo XXI debería tener derecho a la huelga”, explica Rosa Lozano.

Mientras, la ausencia de abogados en los turnos de oficio sigue provocando aplazamientos. Ayer miércoles, se veía un episodio: un juicio debía aplazarse por la falta de defensor perteneciente a la justicia gratuita, que secundó la huelga. Una de las testigos, que tenía que declarar, lamentó tener que regresar en otra fecha por la pérdida de tiempo ocasionada.

En Ourense, el turno de oficio implica a más de 300 letrados, que llevan en huelga indefinida desde el pasado mes de noviembre. Además de ver reconocidos sus derechos a asociarse y protestar, reclaman una actualización en los honorarios de la justicia gratuita.

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