El bum inmobiliario en Ourense deja tras de sí una recaudación récord de impuestos

Ourense, al igual que el resto de España, vive un momento de efervescencia en su mercado inmobiliario que tiene una traducción directa y muy lucrativa para las arcas públicas. Aunque se han aplicado rebajas fiscales para intentar abaratar la vivienda, en la práctica este sector genera ahora más ingresos que nunca para las administraciones. El vertiginoso encarecimiento de los activos ha permitido que la Hacienda pública -tanto autonómica como estatal- cierre el último ejercicio con saldos históricos.

Según los últimos datos de ejecución tributaria, la recaudación de la Xunta de Galicia mediante el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) alcanzó los 32,07 millones de euros. Esto supone una inyección extra de 5,43 millones respecto al año anterior (+20,4%), situando el crecimiento de la recaudación en Ourense por encima de la media gallega.

La evolución es más llamativa al compararla con el escenario prepandemia. En 2019, esta recaudación autonómica apenas superaba los 21,3 millones. En un lustro, la factura fiscal de la compraventa ha engordado un abrumador 50%. La subida de los precios compensa holgadamente cualquier rebaja en los tipos impositivos aplicada por el Gobierno gallego.

El desglose de ingresos revela cómo la administración autonómica se beneficia de esta coyuntura. El motor principal sigue siendo el ITP, que aportó 23,4 millones de euros (un 15% más); este tributo grava la venta de bienes usados, principalmente pisos y casas de segunda mano, aunque también vehículos y otros objetos. Sin embargo, la gran sorpresa del balance la ofrece el AJD, disparado un 38% hasta sumar 8,6 millones de euros.

Esta partida grava la primera escritura en el caso de la obra nueva y las hipotecas con las que se financian las operaciones. Su acelerado crecimiento refleja el mayor esfuerzo financiero de los compradores, ya que ante inmuebles mucho más caros, los ourensanos suscriben préstamos más elevados y a mayor plazo, engordando automáticamente la caja de la Xunta por cada firma ante notario.

La hucha del alquiler

Pero la presión fiscal sobre el ladrillo no termina en la administración autonómica. Los datos de la Agencia Tributaria en Ourense revelan el enorme impacto del alquiler una importante vía de ingresos para las arcas estatales.

La serie histórica muestra cómo las retenciones sobre arrendamientos urbanos (sumando IRPF y Sociedades) han superado por primera vez los 15,6 millones de euros. Repasando la evolución reciente, la tendencia al alza es innegable. En 2019, estas retenciones suponían 14,05 millones. Tras el lógico retroceso de 2020 por la pandemia (12,60 millones), la recuperación ha sido constante: 13,02 millones en 2021; 13,80 en 2022; 14,54 en 2023 y 15,25 millones en 2024. Finalmente, 2025 ha coronado esta progresión con un nuevo máximo histórico de 15,64 millones de euros.

En cinco años, la recaudación estatal por los alquileres en la provincia se ha revalorizado un 11%. Este repunte refleja el fuerte aumento de las rentas mensuales, que empujan a muchos ciudadanos hacia el arrendamiento ante la imposibilidad de comprar.

Al sumar la recaudación directa de la Xunta (32,07 millones) y las retenciones estatales por alquileres (15,64 millones), el sector inmobiliario ourensano inyecta anualmente casi 48 millones de euros en impuestos directos. Si añadiéramos el IVA de la obra nueva y las plusvalías por compraventas, la cifra real rebasaría ampliamente los 60 millones.

La clave de esta explosión fiscal reside en que Ourense acaba de firmar su mejor año inmobiliario desde 2008. En 2025 se registraron 2.876 compraventas, un incremento del 23% que dobla la media nacional. A este alto volumen de transacciones se suma una imparable escalada de precios, con el metro cuadrado encareciéndose un 10% en el último año hasta los 1.063 euros, lo que dispara la base sobre la que se calculan los impuestos.