La cárcel no es un psiquiátrico

Reportaje

Los delincuentes con enfermedades mentales y delitos graves en su haber tienen una difícil acogida en el sistema penitenciario ordinario por la carecencia de recursos adecuados. La asesina de Cortegada pasó de Pereiro a A Lama y sigue dando problemas.

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Los recursos para atender a los presos con patologías psiquiátricas e imputaciones por delitos graves son limitados en los centros penitenciarios ordinarios como el de Pereiro. En la provincia, en los últimos cinco años hubo tres casos que se resolvieron de diferentes formas. El último de ellos, el de Cortegada, todavía no tiene fácil solución.

Cristina Rodríguez asesinó a un ligue de internet en su casa de Rabiño (Cortegada) en agosto del pasado año. Cuando el crimen trascendió, en diciembre, la autora confesa ingresó preventivamente en la prisión de Pereiro y más tarde fue trasladada a A Lama (Pontevedra) tras autolesionarse en varias ocasiones (ingería lejía). Tuvo que ser encerrada en una celda acristalada donde ahora la observan 24 horas. Mientras, en el juzgado esperan a que haya un diagnóstico concreto para tomar una decisión, algo que podría retrasarse meses dado que el Imelga todavía no emitió su informe forense.

A este se suma el caso de José Alén, un carballinés que mató a su mujer en enero de 2017. El fiscal delegado de violencia de género en Ourense, Julián Pardinas, se mostró a favor de una eximente completa por la demencia que padece, ya que su enfermedad le impedía comprender la ilicitud de su acción criminal. Así, un jurado terminó por absolverlo y la Audiencia dictaminó su ingreso en uno de los dos centros penitenciarios psiquiátricos que existen en España, el de Alicante. La defensa de Alén interpuso numerosos recursos para evitar esta medida y favorecer que acudiese a un geriátrico.

Estuvo un tiempo en un centro asistencial para ancianos pero finalmente cumple la condena de internamiento médico en Alicante. El presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, indica que “cuando se dicta una sentencia absolutoria por esta eximente, mientras no es firme -porque se recurre- no se puede mantener al acusado en prisión ni enviarlo al psiquiátrico penitenciario”. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo indica, por la que Alén estuvo en un centro normal hasta que el fallo fue firme.

No todos los casos favorecen el envío de un imputado a uno de estos centros ubicados al otro lado del país. Mónica Víctor, la abogada de Diego Rodríguez Torres, quien en febrero de 2021 asesinó a la novia de su primo, lo descarta. “No se me ocurre solicitar su traslado a estos lugares porque es algo contrario a sus deseos y los de su familia, que lo quieren aquí. Además, mientras el tema está en instrucción no es lo mismo que esté cerca que al otro lado del país”, explica. El caso está pendiente de la llegada de informes del estado del herido, Álvaro Blanco, así como informes forenses del asesino, quien permanece interno en una celda de enfermería en Pereiro de Aguiar. Los próximos movimientos dependen de la resolución de un recurso de apelación contra una serie de pruebas.

Desde la prisión de Pereiro, la médica María Crespo, explica que realmente faltan recursos para afrontar este tipo de situaciones. “Una persona que entra en una prisión por un delito siempre debería estar cerca del juzgado del que depende para ir a declarar en caso de necesidad”, dice. A esto añade que hay personas que están más de un año a la espera de un juicio y mientras “tenemos que asumir desde aquí su cuidado”, indica.

Crespo avisa de que “entrar en prisión es ya una experiencia traumática y cuando ingresan no pueden paralizar sus tratamientos, hay una readaptación difícil”, indica.

Sin el historial

En enero, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, firmaron un convenio que permitirá que el personal sanitario de las prisiones gallegas pueda acceder a las historias clínicas de los reclusos. Pese a la buena noticia, desde Pereiro de Aguiar, aún no han podido poner en práctica esta nueva medida. “Seguimos sin poder acceder, algo que nos expone a la inseguridad. Por ejemplo, frente a un paciente psiquiátrico no podemos saber qué pastillas toman o nos encontramos con presos que fingen para que les mediquen”, relata. Además, señala que les gustaría sentarse a hablar con el conselleiro “porque hasta ahora si no pasó nada, fue por suerte”, explica.

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