Castigo mínimo para un grupo itinerante que desvalijaba pisos en Ourense

Las bandas itinerantes de asaltantes se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para las fuerzas de Seguridad. Estos grupos criminales rompen las estadísticas de robos en pisos cuando aterrizan en Galicia y se desplazan con rapidez por varias ciudades desvalijando domicilios y huyendo en muchas ocasiones sin dejar rastro.

El esfuerzo de los investigadores en Vigo ha conseguido frenar en los últimos años a algunos de estos grupos, aunque sigue siendo muy complicado que acaben en un banquillo. Ayer, lo hacía uno de ellos. Tres ciudadanos procedentes de Croacia e Italia que fueron “pillados” prácticamente “in fraganti” cuando trataban de acceder a un piso en el centro de Vigo en diciembre de 2023 y solo unas horas después de haber dado un “golpe” en Ourense, donde entraron en una vivienda, revolvieron las diferentes estancias y se llevaron joyas y relojes por valor de 7.600 euros además de otros 2.200 euros en efectivo.

El periplo delictivo fue admitido ayer en sala, ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia, donde comparecieron los tres, acompañados de intérprete tras llegar directamente desde la cárcel de A Lama. Los tres se mostraron conformes con un acuerdo de conformidad que rebajó la pena inicial de Fiscalía de siete años de cárcel para cada uno de ellos a dos años y medio, lo que les permitirá salir de prisión en breve, ya que su defensa pedirá la suspensión y la ley les respalda, por la pena impuesta y carecer de antecedentes.

El fructífero acuerdo se selló después de que los tres ingresaran más de 10.000 euros antes de la vista en concepto de responsabilidad civil, lo que derivó en la aplicación de la atenuante de reparación del daño en su forma cualificada al hacer una transacción por encima de la cantidad exigida que era de 8.610 euros. De esta forma, incluso el tribunal tendrá que devolverles la diferencia, algo más de 2.000 euros. Además, se les aplicó otra atenuante, dilaciones indebidas a pesar de que los hechos fueron hace poco más de un año.

Los tres, Christian, Alex y Gabriel, habían llegado a Santiago un día antes de su primer robo, procedentes de Castellón, donde dos de ellos compartían piso sin que se les conociera actividad laboral alguna. Habían reservado una vivienda turística hasta el día 14 por “motivos laborales” y no mentían, aunque omitieron que el trabajo no solo era ilegal sino delictivo.

Con lo que no contaban era con que serían descubiertos antes de finalizar su “temporada”.

El acuerdo les exime de la multa de 163.000 euros

El acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía también exime a los tres acusados, que llevan en prisión provisional desde diciembre de 2023, de la multa prevista inicialmente de 163.000 euros.

Los tres actuaban con herramientas, gorros, guantes y lo hacían de forma rápida, moviéndose con un Fiat de una empresa francesa, que el día en el que fueron detenidos, dejaron aparcado en la calle Nicaragua. Se dirigieron a un edificio, logrando entrar en él, pero su ruda forma de saber si los pisos estaban ocupados llamó la atención de los vecinos. A timbrazos y con linternas por la mirilla, lo que hizo que uno de los moradores empezase a gritar con que llamaba a la Policía.

No les gustó escuchar la palabra Policía, que se entiende en todos los idiomas, y trataron de huir, pero el vecino no solo amagó, sino que llamó a las fuerzas de Seguridad y tuvo el arrojo de incluso observarles por el telefonillo y seguirles de cerca para darles indicaciones a los agentes que les pillaron con destornilladores, gorros y demás objetos, que ahora serán intervenidos judicialmente.

Atrapar a estos escurridizos ladrones cuando no se dan las circunstancias como en el caso juzgado ayer, e incluso el posterior trabajo de recabar pruebas, supone para los investigadores policiales meses e incluso años de trabajo intenso y laboriosas jornadas. Ayer, los policías que intervinieron en esta investigación, en la que hubo registro de la vivienda, del vehículo donde se intervinieron las joyas, inspección de los inmuebles, cotejo de datos de identificación y otra serie de diligencias, ni siquiera llegaron a declarar, porque el acuerdo evitó celebrar el juicio.