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Padres y trabajadores critican a Educación, que dice recurrir a la medida para reducir costes
El departamento que dirige Jesús Vázquez daba a conocer esta semana la propuesta que incluye la supresión de la gestión directa del servicio de comedor de nueve centros del rural ourensano que cuentan entre 22 y 29 usuarios, mientras que ocho colegios de la provincia (con una media que varía de 33 a 146 comensales) perderán la plaza de ayudante de cocina. 'Non se pode pedir á xente que viva no rural e despois recortar facilidades e servizos, porque así só provocarán que enviemos os nosos fillos aos colexios da cidade', lamentaba un grupo de padres que ayer acudía a la reunión del consejo escolar del CEIP de Muíños, uno de los nueve centros afectados donde consideran que la medida perjudicará la calidad y el coste del servicio.
Desde Educación aseguran que 'non se vai pechar ningún comedor escolar a pesar de que existen 18 con menos de 30 comensais. O que se pretende facer é que oito deses comedores, que actualmente funcionan con xestión directa e persoal propio, pasen a ser atendidos pola modalidade de catering'.
AHORRAR COSTES Según los datos del departamento que dirige Jesús Vázquez, los centros afectados cuentan con comedores con una media de 15 comensales entre profesores y alumnos atendidos por personal contratado. 'Un custe de mantemento moi elevado' que, dicen, es necesario revisar ajustando el personal de cocina a las ratios recomendadas por el decreto 10/2007 de 25 de enero que regula los comedores escolares no universitarios. 'Aforrando onde a situación o aconsella e mellorando onde se precise', matizan.
Un recorte que no comparten ni padres, ni profesores, ni trabajadores afectados. 'Esta decisión provocará a supresión do servizo nalgúns casos e mermará na calidade do mesmo', señalaba Laura Castela, presidenta del Comité de Empresa de la Consellería de Educación en Ourense. Una valoración que comparten en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Manzaneda, quienes ya han remitido un escrito de protesta a la consellería, al tiempo que han solicitado a la ciudadanía apoyo para conservar la cocinera y no permitir la llegada de comida 'preparada'.
Desde los sindicatos CC.OO. y la Confederación Intersindical Galega (CIG), censuran que esta modificación 'e unha mostra pura e dura da política privatizadora deste goberno', al tiempo que advierten que provocará 'o desmantelamento do servizo público de comedor, o despedimento do persoal contratado e o traslado forzoso do persoal fixo'. La delegación provincial acogerá hoy una reunión con los sindicatos, previa a la mesa sectorial de la función pública, donde se analizará la propuesta de redistribución de empleos.
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