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Tras la confirmación el pasado mes de marzo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de la nulidad de las licencias de legalización de las obras, ocupación y actividades comerciales del subsuelo de la plaza de San Antonio de la ciudad, al ser este de propiedad pública, la situación empieza a pasar factura al Concello de Ourense en forma de indemnizaciones millonarias.
Una sentencia del TSXG de la que daba cuenta ayer el propio Concello obliga a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con una cantidad superior a los 5 millones de euros por los locales que compró en su día para albergar oficinas y que nunca se llegaron a usar. Ahora, la asesoría jurídica del Concello está estudiando la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La decisión judicial dictada en marzo sostenía que todo el subsuelo de dicha plaza es dominio público municipal y, por tanto, no puede ser objeto de aprovechamiento por particulares, sino a través de concesión administrativa, a otorgar por concurso y a cambio del pago de un canon al Concello. Dicha resolución afecta a todos los espacios bajo rasante de la plaza, en los que la promotora de los edificios levantados alrededor construyó tres plantas de sótano para aparcamientos y locales con destino comercial.
Los bajos de la Seguridad Social fueron vendidos por la promotora, Hermanos Carrajo, por 5 millones -nunca han llegado a utilizarse-, y ahora el TSXG obliga al Concello, que ya tiene en propiedad dichos locales, a indemnizar. La promotora también vendió por 2,23 millones en 2002 las dos plantas de sótano que explota Parking Buenos Aires, además de las plazas a particulares en la primera planta. Dicha empresa está hoy liquidada tras entrar en concurso de acreedores en 2018, pero las indemnizaciones podrían ir cayendo a cuentagotas.
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