El Concello ordena demoler el edificio anexo a la iglesia de los Franciscanos

Un decreto de Urbanismo del Concello de Ourense del pasado 19 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico, exige demoler el edificio de los franciscanos al que denegó licencia de ocupación y, en una inédita resolución, ordena a Viaqua cortar el suministro de agua en un plazo de un mes, para facilitar el desalojo del inmueble. La drástica medida, calificada de “chantaje” por el promotor, llega tras su protesta con dos lonas y justo antes de una vista judicial prevista para febrero, tras el largo historial de un conflicto que llegó a motivar una comisión de investigación en el Concello.

El gobierno local ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra el promotor José Benito González, a través de un decreto firmado en septiembre por el concejal de Urbanismo tras un informe jurídico de Disciplina Urbanística. Se trata de la orden de demolición completa del polémico edificio anexo a la iglesia de los Franciscanos del parque de San Lázaro, entre las calles Xocas y Cardenal Quevedo. La orden va acompañada de una medida de presión: requerir a la concesionaria del agua para que proceda al corte del suministro.

Esta drástica decisión es la respuesta del gobierno de Jácome a las lonas de protesta que el promotor colgó en la fachada con el lema “La prevaricación es un delito”. La acción municipal llega, además, en un momento procesal crítico: el 9 de febrero hay fijada una vista judicial para dirimir la legalidad de la construcción. Consultado por este medio, el empresario calificó la orden de “un chantaje más”, una maniobra para amedrentarle antes de la cita en los tribunales.

Lo que convierte la orden en un hecho controvertido es que, tal y como ha publicado La Región, existen en Ourense al menos otros cinco edificios con sentencias de derribo o sin licencia, y en ninguno de esos casos el Concello ha mostrado tal contundencia ni ha ordenado el corte de servicios básicos como con este.

El conflicto del edificio de Cardenal Quevedo se remonta a 2017 y su historial es tan complejo que incluso motivó la creación de una comisión de investigación en el Concello en 2021 para esclarecer las presuntas irregularidades en su tramitación. Mientras los técnicos de Urbanismo sostienen que se superó la edificabilidad, el promotor no solo lo ha negado, sino que ha presentado hasta tres informes técnicos externos que avalan la legalidad de la obra.

El constructor dice ser víctima de “un chantaje”

El constructor José Benito López, consultado por este periódico, calificó de “sorprendente” la “furibunda reacción” del Concello a tres meses de la vista oral judicial para que el juez decida sobre su legalidad, prevista para el 9 de febrero. “Esta es solo una reacción a la campaña de pancartas que colocamos en la fachada como denuncia pública e información a la ciudadanía”, apunta el promotor, que añade que “han intentado retirarlas sin conseguirlo”.

José Benito López ve como “un chantaje más del jefe de Licencias, Alfonso Pavón”, uno más de los que asegura llevar sufriendo, este movimiento, mientras durante todo este tiempo “nadie se ha sentado a resolver el problema con nosotros”. Además, precisa que existen en la actualidad cinco edificios en la ciudad con sentencias firmes de derribo en algunos casos y de anulación de licencias en otros, y “en ninguno se está actuando de esta manera, y aquí no hay sentencia alguna de derribo ni nada que se le parezca”.

Y acaba José Benito López sentenciando que la orden de derribo y la legalidad del inmueble “tendrá que decidirla un juez y no Alfonso Pavón”, insistiendo en que “ahora más que nunca” es necesario que la Mesa de Urbanismo Sustentable municipal. Además, anuncia que su abogado hará las alegaciones y los recursos pertinentes en tiempo y forma contra esta decisión del Concello.