Detenido un investigado en la operación Guitarra por amenazar a la persona que lo denunció

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona implicada en la operación Guitarra que se cerró el pasado 22 de julio con siete investigados por hasta 49 delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.

Tras conocer los hechos delictivos que se le relacionaban, uno de los investigados -a quien se le relacionan 23 delitos de falsedad documental y 1 delito de usurpación de estado civil-, se trasladó al domicilio de la persona que denunció las irregularidades que presuntamente se estaban cometiendo en su explotación ganadera, amenazando a ésta para que retirase la denuncia o bien cambiara su declaración.

La víctima y denunciante de las presuntas irregularidades, presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Celanova y el autor de las amenazas fue detenido por un delito de obstrucción a la justicia, al tratar de influir con las referidas amenazas en la parte denunciante para que modificara su actuación procesal.

Instruye diligencias el Juzgado Único de Primera Instancia e Instrucción de Celanova.

Siete investigados

La investigación, que comenzó en marzo de 2024 tras una denuncia presentada a la Guardia Civil, reveló irregularidades en granjas de bovino vinculadas a dos empresas cárnicas.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Celanova, en colaboración con UPRONA (Unidad de Protección a la Naturaleza) Ourense, los inspectores veterinarios de salud pública, de la dirección territorial de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y Servicio de Ganadería de la Jefatura Territorial de Ourense de la Xunta de Galicia, tomó declaración a siete investigados, cuatro de ellos residentes en Ourense, por un total de 49 delitos. Hay otras tres personas de Lugo, Pontevedra y A Coruña investigadas en el marco de esta operación.

Además, se intervinieron mil kilos de carne sin documentación.

En las granjas, ubicadas en Ramirás y A Gandarela, se denunciaron una serie de prácticas ilegales, entre las que se incluyen el maltrato de los animales en la explotación, el uso de medicación en los animales sin prescripción veterinaria por parte de los propietarios, la introducción de animales desde Portugal sin documentación o la simulación de ataques de lobos a ovejas por parte de perros propiedad de los dueños de las granjas