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POLICÍA NACIONAL
En un operativo con la colaboración de la Oficina Europea de Policía (Europol), la Policía Nacional liberó a 21 mujeres explotadas sexualmente en pisos deOurense, Lugo y otras provincias de España. En todo el territorio nacional, se contabiliza la detención de nueve personas, seis de estas en Galicia que suman un individuo de A Coruña y cinco de la capital ourensana. Además de forzar a las víctimas a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, a los detenidos se les acusa de trata de mujeres por la venta a otros tratantes de las personas captadas, antes o después de haber sido explotadas por esta organización criminal.
Las detenciones restantes que los agentes encargados del caso realizaron en España tuvieron lugar en Burgos, Cuenca y Madrid, con un detenido por provincia.
A los detenidos se les imputa la responsabilidad de los delitos de trata seres humanos, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento a la inmigración ilegal. Se han realizado siete registros domiciliarios en las provincias de Ourense, Lugo, Burgos, Cuenca y Sevilla, donde se han intervenido ocho teléfonos móviles, 2.895 euros en efectivo y diversa documentación relevante para la investigación.
El grupo criminal trasladaba a las mujeres explotadas desde sus países de origen, mayoritariamente pertenecientes al territorio latinoamericano, y, una vez llegaban a España eran forzadas a prestar servicios para saldar la supuesta deuda contraída de 7.000 euros.
En los pisos prostíbulos gestionados y controlados por la organización criminal, las mujeres eran forzadas a ejercer la prostitución durante todo el día y los beneficios eran repartidos al 50% con el entramado. Las víctimas se hospedaban en los pisos durante un tiempo determinado hasta que eran trasladadas entre las diferentes provincias. La organización criminal vendía a las mujeres víctimas del entramado por 1.000 euros a otros tratantes antes de ser explotadas o una vez fuesen explotadas por la misma organización.
La involucración de investigadores comenzó a raíz de una información recibida que alertaba de la llegada a España de una presunta víctima de trata de seres humanos captada en su ciudad natal por una organización criminal dedicada a la explotación sexual. Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron localizar a la víctima y confirmar la existencia de una organización criminal ubicada en diversas provincias españolas dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución coactiva.
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