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Las Diputaciones gallegas son entidades financieramente saneadas, según las conclusiones del informe del Observatorio Municipal Galego de Rede Localis. Las entidades provinciales presentan un endeudamiento muy bajo e incluso durante los años de recesión se constata un saldo presupuestario positivo. La Diputación de Ourense se sitúa como la que más recursos tiene por habitante con 368,2 euros. Por detrás está Lugo con 312,4 euros, mientras que Coruña y Pontevedra son las que menos medios tienen con 218 y 212 euros respectivamente. Sin embargo, el volumen presupuestario gestionado por las diputaciones de Ourense y Lugo son mucho menores con 92 y 97 millones respectivamente en 2022. Frente a los 229 millones de A Coruña y los 171 millones de Pontevedra. Esta cifra se debe al menor número de habitantes, ya que la población determina las transferencias recibidas desde el estadio, principal vía de ingreso de las diputaciones.
El informe titulado “Comportamento orzamentario e fiscal das deputacións provinciais”, ha sido elaborado por Alberto Vaquero, codirector da Rede Localis y profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Turismo del Campus de Ourense. Dicho informe recoge que las diputaciones gallegas utilizan el grueso de sus presupuestos en infraestructuras, servicios sociales y transferencias a otras administraciones. También se deduce que su autonomía tributaria es muy limitada, ya que no cuentan con impuestos propios ni cedidos y dependen en un 80% de las transferencias por parte del Estado.
En cuanto a la distribución presupuestaria, en el documento se detalla que la mayor parte se destina a actualizaciones de carácter económico, un 31% en 2022. Dentro de estas actuaciones destaca infraestructuras con un 25%, seguido de bienes públicos de carácter preferente (11,8%), cultura (6,2%), deporte (2,7%) y educación (2,1%). Le siguen actuaciones en el ámbito de la protección y promoción social con un 16,3% en total, destacando los servicios sociales y de promoción (9,1%). Finalmente, los servicios públicos representan un 9,4% del gasto, fundamentalmente en bienestar comunitario (3,9%), vivienda y urbanismo (2,7%). En transferencia a otras administraciones, principalmente concellos, se destina un 11,9%.
La Diputación de Ourense es la que mayor porcentaje destina al capítulo de gasto en personal, con un 35,2% frente al 26,2% de media. Por último, el informe señala que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ha servido para reforzar el papel de las diputaciones provinciales, al señalarlas como responsables de comprobar que se cumplan una serie de servicios básicos para el ciudadano.
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