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España registró 374.737 ciberdelitos en 2022, un 22% más que el año anterior, según los datos de Interior. Nueve de cada diez fueron fraudes informáticos (estafas). La ciberdelincuencia se ha convertido en un fenómeno imparable al que se combate en un mismo frente desde las fuerzas de seguridad y la judicatura. La fiscal de Sala Elvira Tejada coordina a nivel nacional las actuaciones del Ministerio Público en relación a los delitos en la red. Comenzó con 52 fiscales especializados en su equipo y, en estos momentos, ya son más de 150. En una entrevista telefónica, enfatiza las ventajas de las nuevas tecnologías, pero aboga por la prevención y la inversión en ciberseguridad. Estará el jueves en El Foro La Región para hablar de los desafíos del Estado de Derecho frente a la ciberdelincuencia.
El desarrollo vertiginoso de la tecnología abre nuevas ventanas al crimen y los delitos cibernéticos aumentan. ¿Estamos preparados para defendernos en este campo de minas?
Lo estamos haciendo, pero otra cosa es que se descubran todas las actividades delictivas y se encuentre a todos los autores. Tenemos una legislación bastante adecuada a la lucha que plantea la delincuencia en la red, unos cuerpos policiales muy especializados en investigación tecnológica y, por ejemplo, fiscalías especializadas en la lucha contra el cibercrimen. Pero las tecnologías avanzan muy deprisa y continuamente generan situaciones nuevas a la que hay que ofrecer respuestas. La efectividad al mismo ritmo que evolucionan los delitos es un poco complicada, aunque se han dado pasos muy importantes.
La mayoría de las estafas se quedan al final sin resolver…
Hay muchos delitos que quedan sin resolver en la red, pero también en el mundo físico, porque no encuentras pruebas. ¿Qué ocurre con las estafas? El problema mayor que tenemos es que con una misma actividad delictiva se perjudica a una pluralidad de personas. Si la cuantía de la estafa es muy pequeña, emplear determinadas técnicas de investigación para esclarecer ese hecho puede ser complicado. Por eso, intentamos acumular varias denuncias relativas a un mismo hecho en una para así encontrar más pruebas, pero esa labor suele ser muy compleja. Los delincuentes diseminan el perjuicio para complicar la investigación. El número es elevado porque contamos por el número de víctimas, no por el hecho delictivo. Trabajamos mucho para conseguir bases de datos que crucen la información y que nos faciliten unificar las investigaciones para ser más eficaces.
Los jóvenes son nativos digitales, pero son también el sector de la población más vulnerable. ¿Tiene sentido?
Usted y yo nos acercamos a las tecnologías con prevención. Los niños, no. Han nacido con ellas y forman parte de su vida. Son más vulnerables porque les falta madurez y porque, además, para ellos representan algo natural. Muchas veces no distinguen entre el entorno físico y virtual.
¿Son una presa fácil?
Se les capta fácilmente. La red puede enmascarar muy bien a los delincuentes; engañar con más facilidad y simular que eres otro. Los delincuentes les buscan en foros de niños y se relacionan con ellos como si fueran niños. Normalmente, con fines de carácter sexual.
¿El depredador sexual en internet es más peligroso aunque no haya contacto físico?
Claro, por eso hay un delito específico en nuestro Código Penal que castiga el acercamiento a los menores a través de las herramientas tecnológicas con finalidades sexuales aunque no lo lleguen a materializar. El mero intento, con fin de obtener material pornográfico o relaciones sexuales, puede ser delictivo. El legislador adelanta la barrera de protección y sanciona el acto preparatorio por el riesgo que entraña la red para los niños.
¿A qué edad recomienda dar un móvil a un menor?
¡Uy! No es dárselo o no dárselo, porque hay un momento en que el niño precisa esas herramientas para su vida cotidiana. El tema es el control de los padres, tutores o maestros sobre el uso. Hoy utilizan los ordenadores para realizar tareas escolares y es bueno que lo hagan porque les permite el acceso más rápido a la información. Los aspectos de prevención son absolutamente esenciales. No se trata cuándo se lo doy sino cómo se lo doy y el control por parte de aquellos que se encargan de la custodia de los menores sobre esos dispositivos.
¿La inversión en ciberseguridad por parte de las pymes es una asignatura pendiente?
Depende de la empresa. De entrada, es una inversión costosa y los rendimientos no los ves tan cerca. Entendemos mejor poner una alarma en un edificio que invertir en asegurar los ordenadores. Pero la inversión en ciberseguridad es absolutamente imprescindible. Los sistemas informáticos pueden ser vulnerables y los delincuentes son capaces de actos de penetración en los sistemas de forma muy sofisticada. Es una inversión esencial. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) está haciendo unos trabajos inmensos de formación y apoyo a las empresas para fomentar la resiliencia de los sistemas.
Los ciberataques transcienden fronteras, muchos proceden de Rusia o China. ¿Hay suficiente colaboración transnacional?
Esto va por grados. A nivel de la UE, ya llevamos años articulando herramientas de colaboración muy potentes. Acaba de aprobarse el reglamento e-evidence que nos va a facilitar el acceso a evidencias electrónicas que están en otros países. Si abrimos más el foco, la Convención de Budapest del Consejo de Europa, con 68 países de los cinco continentes, elaboró un protocolo espléndido para obtener evidencias electrónicas transfronterizas de forma más ágil. También se está trabajando en un convenio en Naciones Unidas que está buscando ese mismo objetivo. La solución total no existe, pero se están dando pasos muy importantes.
¿Qué desafíos nos plantea la inteligencia artificial?
Todos. Aparecen herramientas nuevas con un valor positivo incalculable. La inteligencia artificial puede facilitar muchísimos procesos, pero también representa riesgos. Ahora está a punto de salir un reglamento que se está elaborando en la UE, con parámetros a los que se tiene que ajustar cualquier sistema que se apoye en inteligencia artificial. Estamos trabajando mucho, pero la ciberdelincuencia tiene una dimensión muy abierta.
¿Las penas no son bajas?
Depende. Un ataque informático serio te puede acarrear ocho años de prisión. Los delitos de pornografía infantil, nueve años. Y si elaboras material con niños, son tantos delitos como niños. No es lo mismo poseer, que elaborar o distribuir pornografía. Los delitos contra la intimidad, igual. Son delitos que en su tipo básico a lo mejor no están muy penados, pero a medida que incorporas agravantes, víctimas, efectos … va subiendo la pena. Continuamente, estamos incorporando tipologías delictivas: el sexting, el acoso grave… Y estamos peleando para que se incorpore como delito la simulación de identidad, hacerte pasar por otro en la red.
Muchos se amparan en la red para difamar o insultar … ¿No todo debería valer en la red?
Nosotros tenemos muchas investigaciones por incitación al odio en la red, por ejemplo, contra determinados colectivos. Hay que medir mucho porque también existe la libertad de expresión, que es una pieza esencial en el estado democrático. Son asuntos que hay que ver uno a uno y con mucha objetividad.
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