La exedil de Benestar recurre su imputación por la ayuda a domicilio

La exconcejala de Benestar Social y exteniente de alcalde con el PSOE en el Concello, Marga Martín, recurrirá el auto de procedimiento abreviado que la acerca al banquillo por las irregularidades detectadas durante su gestión en la UTE que gestionaba la ayuda a domicilio, Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, entre 2007 y 2011. El juez instructor insta al fiscal a formular acusación contra la exedil así como contra los empresarios Alberto López y José Fermín Troncoso por los delitos de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil y/o fraude y exacciones ilegales.

En el caso de Martín añade el delito de malversación de caudales públicos, por lo que el juicio, dadas la penas de prisión establecidas en ese delito, implica que el caso será juzgado en la Audiencia.

Paralelamente, el mismo juez, que instruye otra causa contra López por malversar 400.000 euros de una cuenta concursal, acaba de requerir información al Ministerio de Justicia para saber si inició el trámite de extradición para poner a disposición judicial y posterior ingreso en prisión del empresario. López fue detenido en Venezuela, país al que huyó tras conocer que la fiscalía se iba a querellar contra él por el desfalco de la cuenca concursal, a comienzos de abril de este año.

En el caso de la ayuda a domicilio, Alberto López ejerció de gerente, encargado de la administración, de la UTE Troncoso Saludgest durante la vigencia del contrato y prestación del servicio, pero en la gestión ordinaria y toma de decisiones relevantes también intervino Troncoso.

El juez sostiene que la UTE incumplió la obligación de poner en funcionamiento servicios comprometidos en el contrato, con la anuencia de la exedil. El instructor también detecta irregularidades en la facturación del servicio y en la emisión de las facturas de regularización tras un acuerdo o concertación entre los investigados. El magistrado detecta un perjuicio patrimonial para el Concello de 235.988 euros a favor de los empresarios (enriquecimiento patrimonial ilícito), una cantidad que nunca fue reclamada. "Se trata, por tanto, de un pago indebido que no consta fuese integrado al erario municipal, por lo que existen indicios fundados de apropiación indebida por parte de la UTE", sostiene el juez. Añade que "sin la connivencia de Martín no podría lograrse el fin pretendido para la emisión y pago de las facturas".