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AFECTA A LAS PLAZAS DE PARTICULARES
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha recibido la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia que declara de carácter público todo el subsuelo de la Plaza de San Antonio, en la que se pide el cierre inmediato del parquin que allí opera, así como el desalojo del resto de plazas de aparcamiento privadas y locales existentes.
El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaba el carácter público del subsuelo de la Plaza de San Antonio tras desestimar el recurso del Concello contra la sentencia que había dictado el juzgado en primera instancia en diciembre de 2021, dando sí por finalizada la vía judicial, al ser firme la sentencia y no caber recurso.
Esta resolución conlleva la nulidad de las licencias concedidas en su día, al sostener que todo el subsuelo de dicha plaza es dominio público municipal y, por tanto, no puede ser objeto de aprovechamiento por particulares. Esto afecta a todos los espacios bajo rasante de la plaza, en los que la promotora de los edificios levantados construyó tres plantas de sótano para aparcamientos y locales.
Siete meses después, el abogado de la parte denunciante, Antonio Feijóo Miranda, ha presentado ante el juzgado la solicitud de ejecución forzosa, teniendo en cuenta que transcurrido el plazo previsto el Concello de Ourense no ha dado cumplimiento a la sentencia firme.
En dicho escrito, al que ha tenido acceso este periódico, presentado este pasado 9 de enero, se solicita al juzgado que ordene al alcalde, bajo apercibimiento de multa, que disponga el “inmediato cese de la actividad y consiguiente clausura y precinto” del parquin rotatorio de 250 plazas que ocupa los sótanos -2 y -3, “puesto que ha sido declarada nula de pleno derecho la licencia de apertura con la que venía funcionando”.
Por otra parte, el escrito pide el “cese del uso y ocupación” del las otras 150 de plazas de aparcamiento de particulares y los locales existentes en la planta -1 de dicha Plaza de San Antonio, aunque para estos, se otorgaría un plazo de dos meses para el desalojo.
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