La Fiscalía de Ourense ha puesto de nuevo la lupa sobre el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. En esta ocasión, por una supuesta irregularidad urbanística en relación a la reforma integral de Concordia, calle en la que el mandatario local tiene propiedades inmobiliarias y un negocio. Una denuncia remitida en el mes de julio a la Fiscalía y que fue admitida a trámite dio pie a unas diligencias informativas por parte de la responsable de Urbanismo y Medio Ambiente con la finalidad de investigar si las presuntas irregularidades a las que alude el denunciante tienen encaje delictivo.

Por ahora, el Ministerio Público ya se ha dirigido al Concello de la tercera ciudad de Galicia para reclamar el expediente de contratación. La obra fue adjudicada el 4 de marzo de este mismo año a la empresa Extraco Construcciones y Proyectos SA por un importe de 4,2 millones de euros. En total, se habían presentado nueve ofertas. En la junta de gobierno que le dio el visto bueno, el PP, el exsocio de Gobierno, se abstuvo, alegando que no había visto el expediente (se introdujo en la sesión por la vía de urgencia).

El proyecto, cuyas obras comenzaron en abril y está previsto que rematen en diciembre de este mismo año, incluye la construcción de una plataforma única y un sistema de pasarelas mecánicas, ya había suscitado dudas jurídicas y técnicas en sus orígenes. El interventor había emitido un informe crítico en torno a la licitación y al tratarse de una remodelación que afecta a una zona incluida en el Plan Especial de Reforma Interior del Conjunto Histórico Artístico de Ourense precisa control arqueológico.

Esta es la tercera vez en lo que va de mandato en que la gestión del alcalde y su partido, Democracia Ourensana, es escrutada por parte del Ministerio Público. Pero contrariamente a las los dos precedentes anteriores, esta vez la denuncia no es anónima. La Fiscalía investigó al alcalde por la supresión de los bolardos en el casco antiguo y tras recabar documentación optó por archivar las diligencias informativas. Más recorrido tuvo la denuncia por malversación de caudales públicos por el dinero que recibió su partido entre 2015 y 2019, cuando estaba en la oposición, y que fue a parar a su televisión privada. La fiscal jefa optó por presentar una querella al observar indicios delictivos tras un año de pesquisas.

El propio Jácome fue llamado a declarar como investigado por parte del titular de Instrucción 2, Luis Doval, juez que acabó por apartarse porque su mujer fue contratada como asesora del alcalde. Un caso que acumuló otro singular giro de tuerca cuando la Fiscalía, seis meses después, cambió de criterio y pidió el archivo de su propia querella.

Pero no sólo la Fiscalía le llevó a los juzgados por la vía penal. Sus concejales díscolos y un exasesor le denunciaron por un delito de prevaricación al asegurar que les exigía donaciones forzosas de hasta el 50% de su salario para sufragar DO. El caso está sobreseído provisionalmente.

Imputación por injurias

En estos momento, el regidor de Ourense figura como imputado en un delito de injurias a un policía local, un asunto cuya instrucción ya está concluida.