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ENTREVISTA
A partir de esta semana, los juzgados entran en plena desescalada con la incorporación presencial del 100% de las plantillas. Los plazos procesales, incluidos los de las investigaciones en curso, se levantaron y la maquinaria judicial se enfrenta a un nuevo atasco. El presidente de la Audiencia en funciones, Antonio Piña, analiza cómo será la justicia en el periodo poscoronavirus.
Cuando estaban acabando de poner al día el atasco de la huelga de 2018, llega el coronavirus. ¿Cómo afectará a la justicia ourensana?
Hay una problemática de salud a la que no pueden ser ajena los juzgados y, por tanto, debemos tomar medidas sanitarias para evitar contagios. Eso repercute en que no se puede trabajar tal como se hacía antes y no podemos permitir el acceso a los edificios judiciales al mismo número de personas. El número de juicios será menor y hay que articular mecanismos alternativos que nos permitan recuperar la capacidad de resolución. Desconocemos lo que va a suceder frente a los pronósticos de una crisis acentuada. Si es así, habrá un número elevado de procedimientos en el ámbito de familia, social y muchos concursos de acreedores. El ministro de Justicia aventuraba en su comparecencia parlamentaria que se duplicaría el número de asuntos en un año.
Un nuevo problema...
La salud del sistema de justicia en Ourense no era malo y había una cierta normalidad. La huelga de 2018 la hemos ido recuperando con el trabajo de los funcionarios y un mayor número de juicios. Hay una diferencia notable entre el parón del confinamiento y la huelga de 2018. Entonces la actividad económica seguía funcionando y se generaban pleitos, pero en estos últimos tres meses hubo un impás en nuestras vidas, por lo que el parón por sí mismo no va a generar mucho retraso. Además, pusimos sentencias. El problema vendrá de la crisis económica que pueda acompañar al coronavirus.
Pero todo suma a los 15 mil asuntos sin resolver.
Los juzgados de Ourense tienen problemas en Familia con necesidades a las que hemos intentado poner solución, con una comisión de servicio y un plan que vamos articular en las próximas semanas. El uso de medios telemáticos para evitar el desplazamiento de la juez a las residencias dos veces por semana dotará al juzgado de más agilidad. También hay cierto colapso en la sección civil de la Audiencia, con una pendencia de ocho o nueve meses. El retraso de los juzgados de lo Penal se ha solucionado y los juzgados civiles tienen una entrada de asuntos asumible. En las villas, todo va bien.
Todo el mundo da por hecho que la crisis sanitaria extenderá sus tentáculos a la justicia. ¿Dónde temen lo peor ?
Los juzgados sociales, por cierto, los mejores de Galicia, están en números máximos y si se produce una entrada de asuntos por controversia laboral lógicamente habrá retrasos y se necesitarán mecanismos de refuerzo. Y habrá que ver cómo evoluciona el Mercantil, que colapsó en la crisis de 2008. No es exclusivo como el de Vigo, Pontevedra o A Coruña y genera ciertas tensiones. A través del sistema de reparto, se busca aliviarlo. También vamos a limitar la exclusividad del juzgado de cláusulas suelo (Instancia 7) para que conozca de más asuntos y así no colapsar la jurisdicción civil.
Pero el CGPJ acaba de prorrogar la exclusividad seis meses...
Hasta Navidad, pero el colapso se espera a partir de octubre. Dejaría de ser exclusivo a partir de 2021.
Durante el confinamiento hemos asistido a puestas a disposición judicial telemáticas. ¿Una anécdota o una medida que vienen para quedarse?
En tiempos de pandemia había que dar preferencia a la salud sobre otras circunstancias, pero hay un acuerdo del CGPJ que reduce los supuestos de videoconferencia a aquellos casos en los que no intervengan partes. Vamos a ver cada vez más la utilización de medios telemáticos pero no con detenidos para evitar problemas de garantías.
¿Es compatible el ritmo de antes de los juzgados con los límites de aforo en las sedes judiciales?
Debemos evitar contagios en los edificios judiciales. Una mañana cualquiera puede haber diez juzgados celebrando juicios y 500 personas en los espacios comunes. Hay que encontrar una solución: un limitador de capacidad en el edificio, una app que notifique los juicios según se vayan celebrando... Mecanismos que nos permitan mantener el mismo número de asuntos sin contagios. En un principio, se reducirá el número de vistas. Pero cabe la opción de juicios telemáticos o señalamientos por la tarde. Y algún juzgado, me consta, así lo hará.
¿Y la publicidad está garantizada?
Con mascarillas y distancias, pero los juicios son públicos, es su mayor garantía.
¿Los funcionarios trabajarán por las tardes?
Lo decidirá cada juzgado cuando el espacio impida que estén todos los funcionarios a una distancia de seguridad. Primero está la salud, habrá que agilizar la justicia, somos conscientes que mueve una actividad económica muy grande, aunque evitando malas praxis.
¿El positivo en el Social 1 se afrontó como se debiera? Alternativas na Xustiza reclamaba las PCR para toda la oficina
No es el primero en Galicia y se aplicaron medidas de actuación aprobada por el TSXG: rastrear contactos, desinfección de espacios... Los servicios de salud son los que deben determinar si hay que hacer o no las PCR.
¡Por fin habrá ventanas en O Couto!
Es una obra prioritaria para la Xunta y mejorará la ventilación del edificio. Llevamos la salud como bandera en todo lo que se haga en los edificios judiciales.
Durante el estado de alarma distintas voces jurídicas han mostrado su preocupación por el recorte de derechos: movilidad, manifestación...
Una pandemia como esta es muy difícil de gestionar. Las restricciones han redundado en que saliésemos relativamente bien. Si se debía o no optar por el estado de alarma o haber delegado en las comunidades autónomas, son opciones políticas.
Pero los jueces en sus resoluciones opinaron. Manifestación del Primero de Mayo autorizada en Zaragoza y no en Vigo...
Soy absolutamente contrario a la restricción de derechos, pero cuando la salud colisiona con la libertad de movimiento para mí es prioritaria la primera. ¿Podría durar más o menos o hacerse de otra manera? Posiblemente, sí. Y hay discrepancias jurídicas porque el estado de alarma es excepcional. Son matices a una situación que, por cierto, los ciudadanos admitieron con gran civismo.
¿Se abrió la espita al control?
Estoy haciendo mi tesis sobre la limitación de derechos y soy un firme defensor del respeto estricto de los derechos porque nos han costado mucho. No se pueden perpetuar restricciones o que una pandemia dé lugar a que se consoliden prácticas que limiten derechos. No solo la movilidad sino también la geolocalización u otros sistemas de control a través de internet. Sería preocupante si se perpetuase en el tiempo.
¿Y las miles de multas por vulnerar el confinamiento?
A nivel penal, tienen un difícil encaje y en el ámbito administrativo, por la Ley de Seguridad Ciudadana, también. Hay un informe de la Abogacía del Estado contrario.
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