Hipercor reclama al Concello los 1,5 millones que pagó en tasas y licencias

La instalación de grandes superficies comerciales en Ourense no sólo no parece avanzar sino todo lo contrario. Hipercor S.A. ha presentado una reclamación patrimonial en el Concello de 1.504.002 euros -más los intereses-, petición que justifica en la anulación de la licencia que la institución municipal le concedió el 14 de marzo de 2011, en una junta de gobierno extraordinaria celebrada tres días antes de que se notificara la anulación definitiva del Plan Xeral por parte del Tribunal Supremo.

El permiso municipal a Hipercor fue anulado por una sentencia de un juzgado ourensano el 3 de julio de 2012 y definitivamente, el 14 de marzo del año pasado. Transcurrido poco más de un año, la junta de gobierno ordenó ayer la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por la empresa, en el que reclama más de 1,5 millones, de los que 920.839 euros se corresponderían al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que la empresa pagó en su día. Del resto, 137.359,84 euros se corresponde a la tasa por la licencia de apertura y 445.803 por la de licencias urbanísticas.

Tras tener constancia de la petición de esta responsabilidad patrimonial, la junta de gobierno ha iniciado su tramitación, para lo que tendrá que contar con los informes de los técnicos municipales.

INSEGURIDAD JURÍDICA

La licencia concedida a Hipercor era para un edificio de 85.770 metros cuadrados construidos y 971 plazas de aparcamientos. El proyecto contemplaba unos soportales y una fachada acristalada hacia la calle Nosa Señora da Saínza y el presupuesto del proyecto se estimaba en torno a los 50 millones de euros. Fuentes municipales apuntaban ayer que la decisión de reclamar al Concello el dinero abonado en su día por las tasas puede estar vinculada con la inseguridad jurídica que se vive en la ciudad después de la anulación del Plan Xeral de 2003, que fue precisamente la que fundamentó la nulidad judicial de las licencias concedidas.

Y es que la ordenación urbanística provisional aprobada por la Xunta tras la nulidad del planeamiento se encuentra recurrida en los tribunales, por lo que, en caso de que fuera anulada de forma definitiva el ámbito en el que se proyectaba este centro comercial se regiría por el planeamiento vigente en la actualidad, el de 1986. En la actualidad, el área de reparto en la que se encuentra se ve amparada por la ordenanza provisional. No obstante, en la misma también anulados por la justicia los proyectos de urbanización y de compensación.