José Benito López, constructor: "Si hubiera pagado en Urbanismo en su día, hoy este edificio tendría licencia"

El constructor José Benito López Morenza lleva más de seis años batallando contra el Concello de Ourense y ahora está en la vía penal. Dice que llegará hasta el final y que a él no le han dado licencia de ocupación del edificio anexo a los franciscanos, en el parque de San Lázaro, porque no quiso pagar, ya que, sostiene, este es el modus operandi que rige en Urbanismo. El 29 de mayo del 2017, hace algo más de siete años, presentaron la solicitud de licencia de ocupación, cuya documentación desapareció misteriosamente de la Concejalía de Urbanismo. El 28 de febrero de 2018 le denegaron la licencia y una sentencia posterior dio credibilidad a la versión de los técnicos y avaló dicha denegación. José Benito tiene claro que si hubiera pagado hoy tendría licencia, todos los pisos vendidos y una empresa saneada. Pero a día de hoy tiene una empresa cerrada y no ha vendido un piso desde que salió la noticia. Nos muestra informes informes que avalan la legalidad de su inmueble, muchos, salvo uno, el del Concello.

¿Cómo está la situación administrativa y jurídicamente?

Hemos presentado un expediente de legalización, que es lo que nos dice la sentencia. Patrimonio ya informó favorablemente a lo construido, en el ámbito de sus competencias, y el Ayuntamiento se nos descolgó pidiendo un proyecto nuevo de ejecución. Nos dicen que hemos construido sin licencia, pero ellos mismos dicen que hemos cometido dos variaciones sustanciales conforme a una licencia de obra. ¿Por qué? Porque legalizar lo ya legal es imposible. Y además, ellos nos obligan a ir otra vez al contencioso porque le da igual 6 años que 20. Ellos disparan con pólvora del rey. Y respecto a la vía penal, es público que nosotros hemos ido a la Fiscalía, que de ha querellado contra Sonia Ogando y contra la jefa de negociado, Ana Otero. Nosotros nos hemos personado como acusación particular y hemos presentado una querella contra el exconcejal José Cudeiro, el jefe de servicio, Alfonso Pavón, y el técnico que informó la denegación de licencia.

¿Hay algo ilegal?

No hay otra manera de presentar un expediente de legalización que presentar lo que está construido. Y lo que está construido es legal. La sentencia dice que, basado en las declaraciones de los técnicos, queda aprobado que hemos cometido dos variaciones que son sustanciales conforme a la licencia dada. Pero no habla nada de legalidad.

¿Es normal que algo así acabe en vía penal?

No es normal. Creo que es la primera vez aquí. Pero nos han dejado otra opción, estábamos colgados. Como todo se basó en la declaración de estas personas, solo nos queda demostrar que han mentido, máxime cuando hemos oído sus declaraciones testificales. Dicen que han informado siempre así, cuando basta darse un paseo por Ourense, con todos los edificios construidos a partir del año 86, que entró en vigor el plan, y ver los voladizos y ver las galerías,. Llevamos cuatro años recopilando pruebas para llegar a la vía penal.

¿A qué pruebas se refiere?

Hemos estado más de tres años solicitando expedientes de otros edificios, todos por registro, no ha desaparecido ninguno de los que nosotros hemos pedido. Siempre está un funcionario con nosotros cuando lo estamos examinando. O sea que es imposible que alguien se lleve algo, es imposible. Y además tenemos otro tipo de pruebas más contundentes, como cuando en una reunión con doña Sonia Ogando, el 13 de mayo del 2022, me confiesa, sabiendo el problema, siendo concejal de urbanismo, que ‘aquí la gente se vende’. Y lo podemos demostrar en cuanto la justicia nos lo pida.

¿En qué contexto le dice “aquí la gente se vende”?

En una reunión sobre la licencia de ocupación. Pero no dice solo ‘aquí la gente se vende’, también dice, cara a cara, que el arquitecto que se salga un poco en contra del servicio de licencias del Concello ‘está jodido para el resto de sus días, y punto, pelota y pelotita’. Ya en su día, el por entonces concejal Cudeiro nos había mensajeado que debíamos resolver con el de licencias. Resolver con quien se vende solo tiene una explicación: que hay que comprar. Y ese fue nuestro fallo, por eso estamos aquí. Si hubiéramos comprado, tendríamos la licencia. Estoy convencido. Y por eso estamos en la vía penal. Y no estoy diciendo cosas que no tenga probadas. La prueba está garantizada porque lo hemos declarado en Fiscalía y ante el juez. Nosotros tenemos y podemos demostrar que esa señora dijo eso. Blanco y en botella.

Pese a la sentencia en contra, sigue diciendo que las dos variaciones sustanciales no son tales.

No lo digo yo, nuestros arquitectos han firmado un fin de obra visado por el Colegio de Arquitectos. Nuestro director de obra también lo ha firmado. El propio Concello, los técnicos municipales, en la licencia del proyecto básico, también lo han firmado. Dos estudios particulares, a los que les estoy agradecido, porque han vencido el miedo, no dejan lugar a dudas de la legalidad del edificio. Y tenemos un informe, profundamente revelador, es el del ex asesor de urbanismo del alcalde Jácome, Alejandro Sánchez Buján. Ahora que ya no está en el Concello, le hemos encargado un informe y coincide con el resto de los técnicos. Hay muchos informes a favor y solo uno en contra. Pero es que podemos pedir nueve, noventa o noventa mil, solo el señor Pavón y sus colaboradores firman eso. Estamos seguros de que le han mentido al juez.

Hablábamos de que despareció documentación de su licencia. ¿A qué atribuye esta pérdida?

Es imposible que desaparezca. Desde luego, un error no es. En la comisión de investigación se concluyó que era un error urbano. (Sonia Ogando declaró a la salida públicamente que habían desaparecido 15 folios. Eso es imposible. O desaparece todo o lo han arrancado. Con lo cual, un error no es. ¿Por qué no se nos llama o no se nos notifica? ¿Por qué, sabiéndolo todos en el servicio de licencias, se sigue ocultando? ¿Por qué no me lo dicen cuando vienen a ver esa obra?

¿Qué ha supuesto esta larga batalla a nivel personal y económico?

Ha supuesto lo que me dijo Ogando, estar jodido para el resto de los días y punto, pelota y pelotita. Económicamente, socialmente, moralmente, no sé cómo decirlo. Hemos tenido que cerrar una empresa con una amplia trayectoria. Y lo que no voy a permitir es que una empresa que lleva el nombre de mi padre quede ningún rastro de irregularidad detrás. Eso ya lo saben que no lo voy a permitir.

¿Qué papel ha jugado la asociación de constructores, se han sentido respaldados?

La asociación de constructores es una broma. La asociación estuvo presente en la comisión de investigación y no dijeron ni mu. Volvemos a lo de Ogando. Si se meten con el Concello “están jodidos para el resto de sus días y punto”. Aquí el miedo es libre. Pero no solo de los constructores. También de arquitectos que se nos han negado a hacer informes. Uno incluso que ya lo teníamos prácticamente conseguido, a los dos días nos dicen que lamentablemente el estudio no lo puede hacer.

Más allá de lo que diga la justicia, qué solución ve?

La vía penal yo creo que estamos ante la punta del iceberg. No es solo nuestro caso. Hemos presentado varios casos donde se informa en falso. Y en cuanto a la solución administrativa. Es tan fácil como que un político solicite celebrar un pleno en que se lleve a cabo y se acuerde pedir un informe externo. ¿Lo van a hacer? Espero que sí. Si lo que yo estoy contando no es verdad, tienen que ir contra mí. Deberían pedir un informe externo por ellos mismos por el buen nombre del Concello. Voy a donde me digan.