Luz verde definitiva a la gestión indirecta del CAPD

El Consello de la Xunta dio luz verde ayer a la licitación de la gestión del Centro de persoas con discapacidade (CAPD) de Barrocás, el primero de la provincia, por parte de una entidad social sin ánimo de lucro, que ha suscitado el rechazo de la plataforma ProCapd (padres y madres) y partidos de la oposición, que insisten en la necesidad de una gestión pública y directa por parte de la Xunta, tal y como se había pedido desde 2016. Tampoco el PP ourensano ve colmadas sus expectativas.

El presupuesto del contrato aprobado ayer por el Gobierno gallego asciende a 13,9 millones para tres años de gestión -ahora saldrá a licitación en la plataforma de contratación pública-.

El objetivo, señaló la Consellería de Política Social, es poner en marcha el CAPD “nos primeiros meses de 2025”, después de una larga travesía para su construcción, en la que la Xunta invirtió 10 millones de euros. El centro formará parte de la red pública autonómica y tendrá 110 plazas públicas de atención diurna y residencial.

El centro cubrirá a personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, parálisis cerebral y daño cerebral adquirido. El centro, gestionado por la entidad social sin ánimo de lucro que gane el concurso, tendrá servicio de atención diurna terapéutica; transporte adaptado y asistido; atención residencial terapéutica, y atención residencial terapéutico-ocupacional.

El presidente de la Diputación y del PP ourensano, Luis Menor, dijo “entender e respectar” la decisión de la Xunta, pero aseguró que no se mueven de lo que pidieron en la corporación provincial: gestión directa, “por coherencia e porque foi a postura desta institución e dos partidos desde 2016 e é o modelo que se está a seguir noutras provincias”. Menor ve la elección de la Xunta como una “vía intermedia” y destaca que el CAPD “xa é unha realidade e fai xustiza a unha reivindicación histórica de Ourense”.

Desde el grupo provincial del PSOE, advirtieron que “non podemos permitir que o noso CAPD sexa o único de Galicia que non funcione con persoal pública”, señaló Álvaro Vila.

Por su parte, la parlamentaria socialista Carmen Dacosta mostró su “máis frontal rexeitamento” a la decisión de la Xunta y los acusa de “non cumprir coa palabra dada” hace años a los padres. En ese mismo sentido, la portavoz socialista en el Concello de Ourense, Natalia González, acusó al PP de “enganar as familias” incumpliendo lo prometido.

En el BNG, exigieron revertir la decisión. “Estamos ante unha traizón á veciñanza, ás familias e a Ourense”, afirmó Xosé Manuel Puga, concejal en la ciudad y diputado provincial nacionalista, quien lamentó la “baixeza do PP” que, a su juicio, “evidencia a irrelevancia institucional e política de Luis Menor e do PP de Ourense ante a Xunta”.

En la plataforma ProCapd valoran “muy negativamente” el anuncio, recordando que “no es lo prometido” a las familias.