La magistratura gallega critica el 'uso fraudulento' de la justicia en la recusación del juez Piña

La Asociación Profesional de la Magistratura de Galicia (APM), a la que están adscritos la mayor parte de magistrados orensanos, ha criticado hoy el "uso fraudulento" de la justicia en la recusación del decano de Ourense y titular del Juzgado de instrucción número dos, Antonio Piña, sobre la investigación abierta por unas obras de la calle Bedoya.

La concejala de Urbanismo de Ourense Áurea Soto y el exalcalde Francisco Rodríguez habían pedido en un escrito dirigido al presidente de la Audiencia provincial que se investigue el auto judicial con el que fue rechazada su recusación del juez Antonio Piña por sus "circunstancias extrañas" en referencia al soporte y a la comunicación "anómala".

A este respecto, la sección territorial de Galicia ha criticado en un comunicado "el uso de manera fraudulenta de los mecanismos legalmente previstos para garantizar la independencia judicial, intentando atacar y condicionar la labor de unos magistrados con una trayectoria personal y profesional intachable".

Además, ha transmitido su "apoyo" a todos los magistrados que instruyen casos de corrupción "en cumplimiento de su obligación legal", un hecho que responde, han dicho, al "clamor social".

La APM ha defendido "la independencia" de los jueces en el ejercicio de sus funciones, "lo que constituye la razón esencial de su existencia".

La recusación ha sido retomada por la Audiencia provincial tras la apelación del exalcalde y la concejala socialista.

La instructora de la sección penal de la Audiencia provincial de Ourense había emitido un auto en el que no admite a trámite la recusación, actualmente pendiente de resolución tras el recurso planteado por sus letrados.

El origen de la citada recusación es la posible parcialidad del magistrado ourensano en la instrucción de esta causa por su "amistad personal" con un cargo de Democracia Ourensana, partido que impulsó la investigación judicial, denunciada por los socialistas.

Por estos hechos, el titular del Juzgado de Ourense imputó a toda la Junta de Gobierno de 2008, entre ellos el exregidor ourensano y la concejala de Urbanismo además del actual regidor socialista, Agustín Fernández, por supuestas irregularidades en la adjudicación.