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El gobierno de la Diputación provincial ha mostrado su disposición a aceptar esa propuesta de liquidación pero, una vez recibido el impreso de pago, planteará ante la Agencia Tributaria el aplazamiento y fraccionamiento. Hacienda tendrá entonces que comunicar si accede a plazos y fracciones de pago. En este sentido, el responsable de la institución provincial, Manuel Baltar, precisó que la Diputación ya anunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la interposición de un recurso contencioso-administrativo "y hemos pedido como medida cautelar que no tengamos que ingresar nada hasta que se emita la sentencia judicial correspondiente".
De este modo, la Diputación entiende que hay aún posibilidades de que no tenga que pagar nada (si la sentencia del Tribunal madrileño diese la razón a la Diputación en el recurso). En caso contrario, podría ocurrir que la sentencia condene a la Diputación pero que deba abonar el dinero sólo cuando recaiga esa resolución, por lo que ganaría meses de tiempo, siempre que el TSJ acepte la medida cautelar que la Diputación no haga ingreso alguno. Y la institución está esperanzada con la próxima negociación que entable con Hacienda, para que se concedan aplazamientos y fraccionamientos. Todo ello para hacer compatible esa devolución con la gestión ordinaria y las obligaciones y planes de la Diputación en los próximos años, sin condicionar el futuro de la institución.
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