Mario Fernández: "Las ayudas deben ser iguales en la pública y en la concertada"

Mario Fernández preside la Federación de Anpas de colexios privados e concertados de Ourense, entidad que atiende a 3.700 familias de 13 centros educativos de la provincia. Ahora, acaba de ser elegido para representar a las Anpas gallegas: preside Congapa, la Confederación Galega de Anpas. El ourensano reivindica el concierto de bachillerato en Galicia, la única comunidad autónoma que no dispone de bachillerato concertado.

Están recogiendo firmas para el Bachillerato. ¿Por qué?

Porque es la única etapa que nos queda por concertar en la educación preuniversitaria. El concierto significa democratización de la enseñanza, que cualquier familia de la condición económica que sea puede llevar a su hijo al colegio que desee.

En Expourense se manifestaron contra la Ley Celáa hace unos meses. ¿Se sienten perjudicadas o en situación inferior a la pública?

Lo que pedimos es que el trato a los alumnos de concertados y públicos sea el misma por las administraciones. Parecemos ciudadanos de segunda, nuestros hijos parecen ciudadanos de segunda. Como estamos en un centro que no es público, las ayudas no son las mismas. Y eso no puede ser.

También se puede criticar que el que está en un centro privado es porque desea otra educación que no sea la gratuita y pública.

Ahora mismo, el nivel económico y social de las familias que van a un centro de titularidad pública o a un centro de titularidad privada es el mismo. Entonces, no puede haber discriminación. Los alumnos que van a un centro concertado lo hacen porque se les garantiza libertad de educación. Las administraciones tienen que garantizar eso.

¿Lidian con prejuicios?

Hay cierta idea de que las familias que van a centros concertados son de alto poder económico. No es cierto. Las ayudas, los medios, tienen que ser iguales para un centro público que para uno privado.

¿Han notado las dificultades económicas tras la pandemia entre las familias?

Sí. En los concertados las familias tuvieron un servicio muy valorado durante la pandemia y los centros se esforzaron. Pero hubo circunstancias de niños viviendo en el rural sin acceso a internet o que no tenían ordenadores y se los prestó el colegio.

¿Las Anpas han tenido que incrementar su función tras el covid? ¿Qué hace un Anpa hoy?

Nuestra función es ser intermediarios entre familias, colegio y administración. Estuvimos muy vigilantes y colaborando en los comités covid de los colegios. Aunque hicimos actividades online, contribuimos con nuestros medios a ayudar en los protocolos covid, comprando medidores de CO2, filtros hepa…

Hay centros privados que pagan cuotas. ¿Las familias se enfrentaron a pagos en confinamiento? En otros lugares de España hubo quejas.

La aportación voluntaria que se realiza, en la mayoría de colegios, se rebajó o eliminó. Aquí se aplicó mucho el sentido común.

Ley Celáa, libertad de educación, bachillerato concertado… ¿Se han tenido que movilizar más últimamente?

Es un runrún de hace tiempo. Siempre veíamos que nos discriminaban, pero ahora ha ido a más. Ya es hora de plantarnos, pagamos impuestos como los demás y las ayudas deben ser iguales para todos.

A efectos prácticos, ¿en qué se sienten discriminados? ¿Llegaron menos mascarillas, menos ayudas a comedor…?

Ayudas de comedor que en caso de la concertada a veces no se facilitan o es menos cantidad de dinero que la pública. También se necesitan más orientadores en los centros porque el tema emocional está siendo prioritario.

¿Qué retos se marcan en el cargo a nivel gallego?

Lo prioritario es igualar las ayudas y el personal para centros concertados y el concierto de Bachillerato. Por otro lado, en Ourense estamos con un proyecto que se trata de un carné de asociado en el que el comercio local hace descuentos. Vamos a lanzar una app para conectar a las familias con el comercio local.