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La existencia, o no, de documentación que avale la legalidad de la contratación de 36 trabajadores en el Concello de O Carballiño durante los mandatos de Pachi Vázquez como regidor en la localidad, se ha convertido en este momento en la pieza clave del proceso abierto contra el actual parlamentario socialista por Ourense, procesado por un delito continuado de prevaricación administrativa. Porque Vázquez dijo el lunes, el mismo día en que se le notificó el auto de procesamiento de la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, que está recopilando y tiene ya abultada documentación que demostraría que no hubo irregularidad en aquellas contrataciones. Ese mismo día aseguraba que fiscal y juez recibieron información errónea y señalaba al Concello de O Carballiño, ahora regido por un alcalde del PP, Argimiro Marnotes, que dijo no haber encontrado los expedientes -convocatoria de plazas, publicación en los boletines oficiales o concursos de méritos-; razón ésta en la que se sustenta buena parte del proceso abierto contra Vázquez.
Por ello, ayer, día de reacciones políticas sobre este caso, Marnotes habló, a petición de los periodistas, para precisar que la búsqueda de la documentación la llevó a cabo la secretaria municipal y trabajadores del Concello, "a partir de ahí no sabemos lo que sucede, sólo mandamos lo que encontraron". Y "si él (por Vázquez) tiene documentación que no está en el registro municipal, no entiendo nada. Ni el alcalde ni ningún otro concejal ha ido al archivo a buscarla y, como señala el auto del juez, no hay indicios de incendio ni de ninguna catástrofe natural que la haga desaparecer, y menos de forma selectiva".
A la espera de que Vázquez pueda arrojar algo más de luz en una comparecencia convocada para hoy -dijo que mostraría expediente de los contratos realizados que él ha recopilado-, ayer habló de su caso el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que aseguró que el código ético socialista es para todos sus miembros, sin precisar si, de momento, Vázquez debe renunciar a su escaño. El lunes, el parlamentario anunciaba que no lo haría porque no se ha producido una eventual apertura de juicio oral, momento en el que el código socialista fija el abandono de cargos públicos.
Besteiro insistía, eso sí, ayer, en que "ningún socialista se sentará en el banquillo de los acusados", razón por la cual la ya exconcejala socialista de Ourense, Aurea Soto, tuvo que renunciar a su puesto en el Concello, al serle notificado un auto judicial que declaraba precisamente eso, la apertura de juicio oral.
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