Más de un 20% de los salarios de Ourense procede del empleo público

El Gobierno central aprobó ayer la convocatoria para cubrir 23.491 plazas para la Administración General del Estado, a las que hay que sumar las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que eleva a 30.445 el número de puestos ofertados, la oferta de empleo público “más amplia de la historia”, según el Ejecutivo. Precisamente, uno de los baluartes laborales de la provincia es la cantidad de personas que trabajan para la Administración.

Tanto es así que uno de cada cinco salarios ourensanos tienen origen público, sin contar los 106.000 pensionistas. Según los datos del Gobierno, a principios de este año (último dato auditado) un total de 19.270 personas trabajaban en la provincia para las diferentes administraciones: 2.579 para los organismos dependientes del Estado, 11.875 para la Xunta y 4.816 para los 92 concellos de la provincia y la Diputación.

¿Cuál es el peso de la función pública en el tejido laboral de la provincia? Si contraponemos estas cifras con la población ocupada nos da dos referencias. La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimeste de este año cifra en 113.900 el número de ourensanos ocupados y 90.900 la cifra de asalariados. La diferencia entre ambos conceptos es la siguiente: en el primero de los conceptos entran los trabajadores por cuenta ajena (asalariados) y por cuenta propia (autónomos), mientras que en el segundo únicamente los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, la comparación debe hacerse en relación con el resto de asalariados, de ahí que el empleo público suponga un 21,1% del total.

De acuerdo con los datos oficiales, la Administración se ha reforzado ligeramente. En la actualidad hay 19.270 trabajadores pero en julio pasado había 18.871 empleados. Es decir, en un semestre 399 personas se incorporaron.

La cifra actual es la mejor de los últimos diez años, según fuentes oficiales, ya que para encontrar números ligeramente superiores hay que remontarse a julio del 2011 cuando se contabilizaban 20.087.

La dependencia del empleo público es habitual en la provincia y permite cierto plus de resistencia en las crisis de la economía productiva, como es el caso de la pandemia del covid. El blindaje de estos ingresos familiares supone una menor exposición a los problemas laborales de una economía con un fuerte peso del sector privado.

La Administración Central del Estado, que ahora quiere reforzar sus medios humanos, tiene en la provincia 1.444 efectivos, adscritos a los departamentos ministeriales y organismos públicos. Las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad cuentan con 1.044 efectivos, mientras que en la Administración de Justicia hay 91 empleados. Por lo que se refiere a la distribución por sexos, en la Xunta prevalece el empleo femenino (3.756 hombres, 8.119 mujeres), mientras que en el Estado es al revés: 1.690 hombres, 889 mujeres. En la administración local, se equiparan los números: 2.413 hombres, 2.403 mujeres.

Parte de los funcionarios, muy cerca de la jubilación

La Administración Central del Estado en Ourense tiene un problema serio: gran parte de sus efectivos están próximos a la jubilación. Una de las razones es que la provincia es un lugar de retorno. ¿Qué significa esto? Es el destino de ourensanos que han ganado plaza en otros lugares y que con los méritos y la posibilidad de traslado se han ido acercando a su tierra de origen. Eso se produce en la madurez profesional, incluso por encima de los 50 años. Conchita Rey, presidenta de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) advierte que “muchos funcionarios de la provincia de servicios estructurales, esenciales y estratégicos se van a jubilar en unos años”. Por eso lamenta que “los servicios públicos pueden perder su calidad porque hace años que no se convocan plazas y la tasa se reposición ha sido insuficiente”. Lamenta esta dirigente del principal sindicato de funcionarios que la decisión del Gobierno se haya producido ”sin consenso de las partes y sea claramente insuficiente”.

“Es más fácil conseguir plaza en las oposiciones del Estado”

“Hay necesidad de empleo estatal dentro de Galicia. Cada vez hay más plazas y la competencia es menor que en las oposiciones autonómicas, por eso cada vez más se anotan a las del Gobierno”, valora Antonio Estévez. “Los perfiles que se piden son más tecnológicos, porque la administración camina hacia esa digitalización. El trabajo está ahí”. El responsable del centro In.fórmate hace referencia al perfil nada claro del opositor, “entre 20 y pico y 50 y muchos”, pero con “gran oportunidad” para los “jóvenes” en esta convocatoria masiva. Ya notan la demanda, a pesar de que el Ejecutivo aprobó hoy la oferta: “Ya hay llamadas, pero es continuo desde hace años. Las del Estado son las oposiciones con más oferta de todas las administraciones; y con más posibilidades de obtener plaza”.

“Volvería a opositar sin dudarlo, es estabilidad para toda la vida”

El ourensano Jonatan Suárez Calviño preparó las oposiciones de Administrativo, en el cuerpo general “C1” del Estado. Aprobó este año y trabaja desde hace cuatro meses en Gran Canaria. “Genial. Una gran decisión. Estudié por la estabilidad que genera tener un puesto de trabajo para toda la vida. No me arrepiento de nada, volvería a opositar sin dudarlo”, señala este joven que accedió a una de las ramas para las que el Gobierno destina más plazas, la administrativa para hacer frente a las jubilaciones del empleo público. “El proceso de estudio es muy duro, pero al final de ese camino, como todo en la vida, si hay disciplina y compromiso, se acaba logrando”, añade. En cuanto al coste emocional y económico, señala el “largo proceso de exámenes y academia durante dos años”.

“El reto digital requiere de otra tipología de funcionarios”

La transformación digital acapara gran parte de los perfiles que oferta el Estado. Francisco Javier Rodríguez, director de la Escuela de Informática, opina que “las nuevas oposiciones con plazas más centradas en informática son una reivindicación propia de nuestro colectivo, buscando transformar una administración centrada en el propio acto administrativo y en papel, a una administración pensada y creada desde la tecnología”. Rodríguez apunta que “los actuales proyectos de transformación digital en las administraciones y los que vendrán seguramente con los fondos Next Generation requieren de otra tipología de funcionarios que los diseñen y ejecuten, siendo una gran oportunidad para nuestros estudiantes, ya que para ellos había un menor número de plazas en las administraciones”.