Ninguna empresa puja por demoler dos edificios de Ourense

El gobierno local de Ourense ha vuelto a declarar desierto por tercera vez el contrato para derribar la parte trasera del edificio de la avenida de As Caldas, número 36, y también la demolición parcial del edificio de la avenida de Pontevedra, 13, sobre los que pesan resoluciones judiciales firmes.

En el caso de la avenida das Caldas, 36, el proyecto es muy complejo, pues se trata de operar en un patio interior y “cortar” de arriba a abajo el edificio en un saliente de 5,5 centímetros. Ya hubo dos intentos anteriores de adjudicación de la demolición, en febrero y octubre de 2015, ambos declarados desiertos, como ahora. El valor del contrato superaba el millón de euros, pero ninguna empresa se postuló. La batalla judicial de este edificio, ubicado ahora en el número 36 de As Caldas (antes era el 54), se inició en 1988, cuando se presentó la denuncia por el edificio de enfrente. Antes, se habían producido informes técnicos negativos sobre la obra, pero un dictamen del servicio jurídico estableció la legalidad de la misma. Ya en aquella etapa se acordó el corte de suministros al inmueble, pero el asesor jurídico emitió múltiples informes favorables al edificio, hasta que en 1992, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza ordenaba el derribo y siete años después hacía lo mismo el Supremo. Comenzó entonces una lucha con demoras, autos judiciales, recursos municipales y de los vecinos y ya tres intentos fallidos de adjudicar los trabajos de demolición. En definitiva, un “marrón” difícil de asumir por el impacto que supone en la comunidad de vecinos y que la Justicia obliga al Concello a asumir de oficio.

En el edificio de la avenida de Pontevedra, 13, una sentencia firme desde 2009 exige cortar medio metro de fondo en la trasera de este céntrico edificio, pero tampoco ninguna empresa se ha postulado para poner solución a un conflicto que pende desde 2003. El presupuesto de la obra, que se sacó a concurso en mayo, ascendía a 543.544,75 euros. La parte trasera presenta un exceso de 46 centímetros, por un lado, y 60, en el otro, y los requerimientos judiciales obligan al Concello a su demolición de oficio.

El origen de este conflicto está en las diferencias entre la empresa que promovió la construcción de este edificio, Menciñeiro, y la que era propietaria del edificio colindante, Bigamaro. No fue posible la legalización, tras más de una década de sentencias y recursos que únicamente consiguieron rebajar el alcance del derribo, de medio metro a 20 centímetros que, de todos modos, causarán perjuicios a los propietarios.