Una ourensana vendió un coche por 350 euros y después recibe multas por 3.400

La venta de un viejo Seat Ibiza, matriculado en octubre de 1997, le salió cara a Concepción R. Poco después de la operación, en la que recibió 350 euros por parte de un hombre que vio el anuncio en un portal de internet, comenzaron a llegar a su casa multas por elevados importes porque el turismo circulaba sin seguro y sin ITV. En menos de un mes, recibió cuatro sanciones por importe de 3.400 euros.

La posterior denuncia ante la Guardia Civil permitió descubrir que el coche seguía a su nombre porque el justificante profesional de tramitación de vehículos, fechado el 8 de octubre de 2021, incorporado al expediente administrativo para dar validez jurídica al cambio de titular era falso. El código QR se correspondía a un vehículo BMW adquirido en Madrid por José Manuel C.R., que conocía al dueño de la gestoría de Ourense supuestamente implicada en esta fraudulenta operación. “Eduardo me hace declaraciones fiscales y alguna transferencia de vehículos”, confesó este martes en el juicio.

El fiscal acusó el martes en el Penal 2 al dueño de la gestoría encargada del papeleo, Eduardo G.I., de un delito de falsedad en documento mercantil. La perjudicada también sentó en el banquillo al comprador, Anael G.A., por la utilización de un documento falso. El abogado de la acusación particular, Moisés Filgueira, incorporó a la petición de penas de prisión (dos años y dos meses para Eduardo y cuatro meses para Anael) y multas la inhabilitación profesional del gestor durante el tiempo de la condena, así como una indemnización que abarque los 3.400 euros en concepto de multas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y 400 euros más por las costas del abogado del Estado en el procedimiento judicial seguido en el Contencioso-Administrativo para recurrir una de las multas.

El titular de la gestoría implicada, que solo declaró este martes ante la jueza del Penal 2 y solo contestó a su letrada, aseguró que no intervino en esa compra-venta. Según dijo, las transferencias de vehículos son un servicio que tiene subcontratado. Ese trámite cuesta más de 200 euros (el comprador dice que le pagó solo 120 euros porque “me hacía precio”). Y nunca envía -añadió- la documentación por WhatsApp. Anael sostiene que recibió por esa red social el justificante del cambio de la titularidad del coche y que se lo reenvió al marido de la vendedora.

El padre de Anael desmintió a Eduardo G.I. “Lo conocía porque había sido su cliente ya y yo le entregué en la gestoría los papeles del coche para que hiciera la transferencia”, aseguró en el juzgado.

El fiscal reclamó para Eduardo una pena de año y medio de cárcel y multa de 9 meses, con una cuota de siete euros al día, por falsedad en documento mercantil. “El QR evidencia que el documento es falaz y se castiga el que falsifica y al que lo introduce en el tráfico jurídico”, aseguró.

La acusación particular resaltó la gravedad: “Una auténtica espada de Damocles, ya que fueron multas, pero pudo haber sido un accidente”, expuso el abogado.

La letrada del gestor echó en falta una pericial para acreditar quien alteró el documento “para probar la parte objetiva de la falsedad”, y recordó que en el procedimiento no hay un solo “pantallazo del wasap con el pdf del documento”.

Por su parte, el abogado de Anael enfatizó que solo quiso comprar un coche sin perjudicar a nadie. “Él es un perjudicado más”, resaltó.

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