Ourensanos en el Valle de los Caídos

El pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobaba el envío a las Cortes del Proyecto de ley de Memoria Democrática que, entre otras cuestiones, permitirá a los familiares con víctimas enterradas en el Valle de los Caídos recuperar sus cuerpos y darles sepultura en el lugar que elijan. Con esta norma se complementa la Ley de Memoria Histórica que había impulsado el gobierno de Zapatero y que dejaba sin cerrar el destino de los 33.833 fallecidos que reposan en este mausoleo gigantesco que ideó personalmente Franco poco después de finalizar la Guerra Civil.

El proyecto fue iniciado el 1 de abril 1940, pero las obras se prolongaron durante 19 años hasta su inauguración el 1 de abril de 1959 coincidiendo con el 20 aniversario del final de la contienda.

El sueño del dictador era reposar en este lugar rodeado sólo de las víctimas de la guerra del lado franquista, pero el escaso éxito que tuvo la iniciativa llevó a ampliarla incorporando también a los fallecidos del lado republicano, muchos trasladados sin identidad y a espaldas de sus familias.

El Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, ha publicado el listado por provincias con todos los trasladados hasta el Valle de los Caídos. En total tiene registradas 33. 833 personas víctimas de uno y otro bando. De ellas 21.423 están identificadas mientras que 12.410 son desconocidas.

Nueva documentación

Las tres únicas provincias de las que no fue trasladado ningún cadáver hasta el Valle de los Caídos fueron Ourense, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, la apertura de los archivos franquistas está aportando nueva luz al origen de los enterrados en el valle de Cuelgamuros. El trabajo de organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) está ayudando a ello. Desde su creación en el año 2000 ha estado recopilando información en archivos, pero también ha canalizado la que ha recibido de otras asociaciones, oenegés y particulares que han solicitado su ayuda para encontrar a sus muertos durante la contienda fraticida. En muchos casos se encuentran en fosas comunes, tan olvidadas que sólo las personas de mayor edad son capaces de ubicarlas.

Fruto de esta investigación han salido a la luz documentos como los que se reproducen en esta página, en los que se identifica a soldados ourensanos abatidos en el frente y que fueron enterrados en el mismo lugar en el que perecieron. Pero a raíz de la decisión tomada por Franco de darles sepultura común en el Valle de los Caídos se cursaron órdenes a todos los gobiernos civiles de cada provincia para que iniciaran la exhumación y su traslado a la localidad de San Lorenzo de El Escorial.

Marco González, vicepresidente de la ARMH señala que muchos soldados gallegos encontraron la muerte en el frente del Ebro, donde se registró uno de los episodios más sangrientos de la contienda que enfrentó a 200.000 soldados de uno y otro bando entre agosto y noviembre de 1938. Las cifras no están claras, pero se habla de entre 20.000 y 40.000 soldados muertos, y una cifra similar de heridos.

Los archivos consultados por la ARMH en la provincia de Tarragona dan buena muestra de ello. El gobernador civil de la provincia envía a Madrid el balance de los cuerpos que podría trasladar hasta el Valle de los Caídos. Son en total 5.918. De ellos sólo 49 están identificados y sus familiares acceden al traslado. El resto son 1.336 enterrados en cementerios no identificados; 2.755 enterrados en cementerios e identificados; y 1.788 enterrados en cementerios o fosas comunes cuyos restos no pueden ser individualizados y que por tanto deben ser trasladados en cajas colectivas.

De este enorme listado de víctimas nos encontramos con Francisco Rodríguez de Pereira, Finamor Fernández de Pumares, o Ángel Rodríguez de Perrenos. Son sólo un ejemplo de los ourensanos que reposan en el valle de El Escorial, aunque como se ve en estos mismos documentos la gran mayoría fueron enterrados sin registrar su origen o sus progenitores, dificultando de esta forma su posterior identificación por sus familiares.

Desde el Ministerio del Ejército un general respondía así al gobernador civil de Tarragona, en un lenguaje en el que resulta obscena la falta de sensibilidad y respeto a víctimas y familiares: “Tengo el honor de participar a V.I. que previo informe de la Jefatura de Sanidad, nada hay que objetar en aspecto sanitario, y por otra parte, como se trata de restos no identificados por los que pudieran surgir reclamaciones de familiares, entiende esta Subsecretaría que no existe inconveniente en que se verifique el traslado”.

Un lugar para la reconciliación, derruirlo o centro de interpretación

Uno de los aspectos que quedan por resolver es el destino que se le dará al Valle de los Caídos. Mientras que el gobierno de Pedro Sánchez se decanta por un lugar de memoria como los que existen en otros países, sus socios han pedido la demolición. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, considera que su futuro debe ser un centro de interpretación de la historia, "un lugar con carteles, exposiciones y proyecciones que explique porqué se construyó y el contexto en el que se hizo".

Respecto al destino de los enterrados asegura que tiene que ser el Gobierno el que tome la iniciativa y ayude a las familias de los fallecidos a recuperar sus cuerpos y trasladarlos a sus lugares de origen. Critica Silva la actitiud del Gobierno porque no se implica en esta tarea y por las trabas que está poniendo para la exhumación de los cuerpos. Señala el caso concreto de las primeras 62 exhumaciones aprobadas por orden judicial y que lleban años de retraso. "El Gobierno está prevaricando por no cumplir una sentenica judicial, pero lo peor es que hay personas que tienen 90 años y que quieren vivir para recuperar los restos de sus familiares".