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Los líos urbanísticos y su judicialización tienen muchos frentes abiertos en la ciudad. Un total de 47 familias en la rúa do Bierzo y otras 10 en la rúa Orcellón viven pendientes de las órdenes de demolición que se dictaron en su día, y llevan más de 20 años de conflicto, por una denuncia por no respetar el retranqueo. También en los bloques de los números 146, 148 y 150 de Marcelo Macías viven con temor a un derribo desde hace años. La Justicia aceptó su recurso y en caso de demolición deberían recibir indemnizaciones millonarias. No temen un derribo a medio plazo, pues la valoración patrimonial de cada piso -.y los posibles recursos- dilatarían años el proceso en un edificio hecho al amparo del PXOM de 2003 anulado.
Otro largo proceso se da en la avenida de Pontevedra, 13, donde una sentencia obligó a demoler de forma parcial el inmueble para poder ser legalizado, un gasto que ascendería a medio millón de euros. La Justicia ha dado órdenes recientes al Concello de que haga cumplir sentencia y podría tener que ejecutar las obras de forma subsidiaria, como ya le ha sucedido con la reforma de la plaza pública de avenida de Marín, 2 (actualmente licitada); o un edificio de avenida das Caldas, 36 -desierta en dos ocasiones-.
También pesa sobre Urbanismo una reciente sentencia que abre la puerta a legalizar el inmueble junto a la iglesia de los Franciscanos, en el parque de San Lázaro, y que anula el decreto municipal que ordenaba la demolición parcial.
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