El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la nulidad de las licencias de legalización de las obras, ocupación y actividades comerciales del subsuelo de la plaza de San Antonio de la ciudad, al ser este de propiedad pública. Por tanto, el Concello tendrá la propiedad de este espacio, y el parquin de propiedad privada y de uso rotatorio situado bajo la plaza, con entrada y salida por Ramón Cabanillas, no podrá seguir ejerciendo su actividad una vez la sentencia sea firme -todavía cabe recurso de casación ante el Supremo-.
En todo caso, para que continuara la actividad del aparcamiento, el Concello, que será titular del subsuelo, se vería obligado a adjudicar su gestión mediante concesión administrativa. También se anulan las licencias de las plazas de garaje vendidas en su día a residentes y terceros por la promotora. Los bajos comerciales para uso administrativo que tiene la Tesorería de la Seguridad Social ya carecían de licencia, pues el propio Concello se la había denegado ateniéndose precisamente al carácter público del subsuelo.
El alto tribunal gallego desestima así los recursos de apelación interpuestos tanto por el Concello de Ourense en enero de 2022 como por parte de la empresa Parking Buenos Aires y numerosos propietarios de plazas de garaje. Todos ellos recurrieron la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ourense el 30 de diciembre de 2021 y que había declarado nulas de pleno derecho las licencias otorgadas.
Indemnizaciones
La decisión judicial sostiene que todo el subsuelo de dicha plaza es dominio público municipal y, por tanto, no puede ser objeto de aprovechamiento por particulares, sino a través de concesión administrativa, a otorgar por concurso y a cambio del pago de un canon al Concello. Dicha resolución afecta a todos los espacios bajo rasante de la plaza, en los que la promotora de los edificios levantados alrededor construyó tres plantas de sótano para aparcamientos y locales con destino comercial.
Uno de los sótanos está destinado a plazas de garaje vendidas a diferentes propietarios, incluidos vecinos de los edificios circundantes, mientras que los otros son explotados por Parking Buenos Aires. Además, entre los dos niveles de la plaza fueron construidos unos locales que la promotora vendió en 2003 a la Seguridad Social.
Ahora cabe valorar las posibles indemnizaciones a las que tenga que hacer frente el Concello. Los bajos de la Seguridad Social fueron vendidos por la promotora, Hermanos Carrajo, por 5 millones -nunca han llegado a utilizarse-. La promotora también vendió por 2,23 millones en 2002 las dos plantas de sótano destinadas a parquin, además de las plazas a particulares en la primera planta. Dicha empresa está hoy liquidada tras entrar en concurso de acreedores en 2018.
Cese del uso
El abogado de los demandantes, Antonio Feijóo Miranda, que siempre sostuvo que la plaza era de dominio público tanto en superficie como bajo rasante, resalta que una vez sea firme “es necesario el cese del uso que se hace del subsuelo y la recuperación por parte del Concello para evitar que los particulares sigan aprovechándose y enriqueciéndose (en el caso del parquin) con un recurso que pertenece a todos”. Y precisa que “solo mediante concesión administrativa, a otorgar en concurso, es susceptible de usar por particulares”. Además, subraya la “diferente actitud” del actual alcalde, Gonzalo Jácome, “que pasó de denunciante a defender las licencias otorgadas por el Concello”.
El abogado confirmó su intención de instar a la ejecución de la sentencia en cuanto sea firme, así como la otra sentencia reciente, también del TSXG, que condena al Concello a recuperar los locales vendidos a la Seguridad Social.
