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El conflicto judicial del conocido como el solar de la Asunción, en el barrio de As Lagoas, no llega a su fin. Parte de los propietarios de estos terrenos que cambiarán para siempre la fisionomía del entorno del Campus ven un bloqueo de la Xunta de Galicia y del Concello de Ourense a sus derechos y exigen una “rectificación” para rehacer la propuesta del edificio administrativo que proyecta el gobierno autonómico en estas parcelas. Lo ven “inviable” e “ilegal” porque “no respeta” los accesos a los garajes y a las zonas de tránsito de vehículos, por lo que volverán a los juzgados. “El proyecto ganador del concurso de la Xunta ni siquiera respeta la delimitación de las parcelas que adquiere, puesto que comprende mucha más extensión de la que fue objeto de compraventa”, añaden. El gobierno autonómico defiende que “respéctanse tanto as servidumes como as cargas, polo que entendemos que non hai base para ningunha reclamación, aínda que amosamos o máximo respecto para o que decidan facer”.
Los propietarios privados del codiciado solar -la UVigo también quiere construir aquí- piden que se les incluya en el proyecto de la Xunta, “en lugar de excluirnos”. Por otro lado, la junta de compensación anuncia que aprobará “de forma inmediata” las derramas para financiar obras de edificación. “No solamente la Xunta no podrá llevar a cabo su proyecto, sino que vendrá obligada a sufragar aproximadamente un 48% de los costes de la edificación de todo el subsuelo del polígono”, asegura el abogado de los propietarios integrantes de la junta de compensación, Antonio Feijóo Miranda.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les había dado la razón a los propietarios privados cuando exigieron que, en el futuro, se les permitiese acceder a los garajes a través del suelo público que quedaba libre entre los bloques. El Alto Tribunal obligó al Concello de Ourense a facilitar ese uso del subsuelo público. Sin embargo, la sentencia no se cumplió y estos propietarios volverán a los juzgados porque entienden que el proyecto de construcción de un edificio administrativo de la Xunta -en él hay invertidos 25 millones- choca con los derechos que adquirieron para poder acceder a los garajes y para el tránsito de los vehículos.
Los propietarios insisten en que el proyecto es “ilegal” y acusan también al Concello de “demora de forma deliberada” en el otorgamiento de esas concesiones que le garantizó el Alto Tribunal para utilizar el espacio libre para que entren los vehículos desde la calle hasta los sótanos. Creen que esta demora del ayuntamiento no es casual porque las obras de edificación que los propietarios no pueden iniciar hasta que se cumpla la resolución judicial “son absolutamente incompatibles con el proyecto de la Xunta”. El Juzgado de lo Contencioso ya apercibió al alcalde con la imposición de una multa por no dar cumplimiento a la sentencia y le concede el plazo de un mes para que justifique la ejecución.
Feijóo Miranda señala que “no es de recibo que, a día de hoy, no se nos haya facilitado una copia íntegra del proyecto”. En este punto, el gobierno autonómico justifica que “en ningún momento se lles negou o acceso ao proxecto, foron eles quen non se presentaron a cita”. En todo caso, el representante de los propietarios insiste en que “la Xunta no tuvo en cuenta a la junta de compensación y a los propietarios de las parcelas afectadas” a la hora de redactar las bases del concurso de ideas.
El abogado de los propietarios privados acusa a la administración autonómica y a la local de “actuar a espaldas de la junta de compensación y de los restantes propietarios que la forman”, por lo que ve “puro humo” e “inviable jurídicamente” el edificio de la Xunta. El gobierno autonómico defiende la “máxima transparencia” con la que actuaron y el “respecto” a la normativa vigente.
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