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El Gobierno anunció esta semana subidas en las retribuciones que perciben los funcionarios y los pensionistas, con un incremento de hasta el 9,5% -entre este año y 2024- para los trabajadores públicos y del 8,5% en el caso de las pensiones. Estas medidas tendrán su mayor impacto en la provincia, ya que alcanzará al 36,7% de los ourensanos, una proporción que supera la de cualquiera otra provincia del país.
El segundo lugar lo ocupa Lugo, donde un 36% de sus habitantes verán incrementadas las rentas que perciben del Estado. La clasificación de las más beneficiadas la completan las provincias de la llamada “España vaciada”, como son León (33,7%), Asturias (32,8%), Teruel (32,8%), Zamora (32,6%), Segovia (31,8%), Navarra (31,4%), Badajoz (30,9%) y Cáceres (30%).
En la provincia, el principal colectivo al que afectan estas medidas son los jubilados, que según los datos de la Seguridad Social ascienden a 66.415. Su paga media es de 893 euros anuales, que rondarán los 969 euros tras el aumento. En total hay 93.592 pensionistas en la provincia, mientras que la cifra total de pensiones es de 106.496. La pensión media es la más baja del país, con 810 euros, que ascenderá hasta los 879 euros.
Carlos Mella, secretario general de la Federación de Pensionistas e Xubilados de Comisiones Obreras (CC.OO), asegura que la subida es positiva, siempre y cuando mantenga el poder adquisitivo del colectivo. El alza del 8,5% no es definitiva, ya que dependerá de la inflación media con la que termine el año, una cifra que el Ejecutivo estima entre el 8,4% y el 8,6%. “Nosotros con lo que estamos de acuerdo es con la subida del IPC real. Si el IPC va a ser del 8,5% no podemos decir que no estamos de acuerdo”, manifestó Mella, quien puso el foco sobre la situación de “las viudas”, una pensión que llega a 12.383 ourensanos y que tiene un importe medio de 575 euros.
El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Galicia, Valentín Tato, recuerda que esta subida era la esperada. “Non dubidábamos de que o Goberno ía cumplir o seu compromiso”, destacó, y agregó que las más beneficiadas serán las pensiones más bajas. En este sentido, la provincia también sale reforzada, ya que es la que mayor proporción de pensiones mínimas tiene, con un 40% de los beneficiarios en esta situación.
En el caso de los funcionarios, la provincia cuenta con un total de 18.095 (1.659 estatales, 11.186 autonómicos y 5.250 locales). En su caso, el incremento que plantea el Gobierno se divide entre los próximos ejercicios, ya que recibirán este año una subida adicional del 1,5% “que compense la inflación”, que se sumará al alza del 2% aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. En 2023, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal, y en 2024 subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado.
El titular de empleo público de Comisiones Obreras en la provincia, Javier Lareu, considera que este incremento, “aún siendo insuficiente”, se adecúa a la realidad social que atraviesa el país. “Si nos atenemos a los datos de la inflación, estamos en torno al 9% anual. Eso significaría que, si se mantiene igual, en tres años estaríamos hablando en un incremento del 27%. Eso en un mundo ideal puede ser, pero teniendo en cuenta la realidad, que es dura, ayuda a paliar la pérdida de poder adquisitivo”, destacó.
Desde UGT, José Rodríguez recuerda que el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos incluye otras medidas más allá de la revisión salarial. “Se incluyen otros aspectos importantes para el trabajador, como la jornada laboral de 35 horas, la percepción íntegra en situación de incapacidad temporal o la ampliación del permiso de vacaciones. Todo eso lo teníamos limitado por las distintas administraciones anteriores”, manifestó. Sobre el aumento del salario, Rodríguez destaca que la cuantía tampoco es la idónea, aunque es beneficiosa dado el contexto. “Nos parece poca, pero de alguna manera amortigua el efecto de la crisis, como la de 2008, cuando cayeron los ingresos salariales. “A diferencia de crisis anteriores, donde nos congelaban o bajaban el salario, este incremento intenta paliar la difícil situación actual”, asegura.
Por su parte, la oposición al Gobierno ha calificado las medidas de “electoralistas” y ha asegurado que no contribuirán a solucionar la actual situación inflacionista.
Los pensionistas ourensanos son de los que peor lo pasan para llegar a fin de mes, con los ingresos medios más bajos del país, unos 810 euros que, con el actual nivel de inflación complican las cuentas del día a día. Tras el aumento del 8,5% que anunció el Gobierno, la cifra subirá hasta los 879 euros, lo que supone que crecieron un 25,5% desde 2008, cuando la percepción rondaba los 700 euros.
Esta subida duplica a la que experimentaron los sueldos ourensanos, si bien estos eran y siguen siendo mayores a los ingresos de los pensionistas. Según los datos de la Seguridad Social, en enero de 2018 la base media de cotización en la provincia era de 1.555 euros por mes, mientras que en la actualidad llega a los 1.761 euros, lo que arroja un ascenso del 13% en los últimos cuatro años. Los ourensanos son los sueldos más bajos de Galicia.
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