La provincia de Ourense concentra 26 de las 35 zonas con riesgo extremo de incendio

Ourense todavía intenta sanar las heridas dejadas por la ola incendiaria de 2025, un año que quedará grabado en la memoria colectiva como uno de los más devastadores de su historia reciente. Basta con mirar las cifras de la última campaña para constatar que la provincia fue, casi en solitario, la zona cero de la destrucción forestal en Galicia: de las 118.763 hectáreas que el fuego devoró en toda Galicia el pasado año, el 86% -exactamente 101.584 hectáreas- correspondieron íntegramente al territorio ourensano. Este dato condiciona por completo el diseño y la estrategia del nuevo Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) para 2026, aprobado ayer por el Consello de la Xunta.

El documento ratificado cuenta con una dotación de 213 millones de euros, un 18% más respecto al ejercicio anterior. La Xunta admite que en 2025 no se cumplieron la mayoría de los objetivos fijados. Debido a la afectación registrada, el plan para 2026 eleva el límite de superficie quemada hasta las 29.207 hectáreas. Esta cifra supera en 10.000 unidades la meta anterior al responder al promedio de terreno afectado en la última década.

Ourense concentra el mayor riesgo de la comunidad autónoma. Según el informe, 26 de las 35 parroquias clasificadas como de alta actividad incendiaria (PAAI) pertenecen al territorio ourensano. De hecho, las once nuevas incorporaciones a este listado en toda Galicia se sitúan en la provincia: dos en Maceda (Castro de Escuadro y Santiso); dos en A Mezquita (Chaguazoso y A Vilavella); Avión (Nieva); A Gudiña (Parada da Serra); Carballeda de Valdeorras (Casaio); Vilardevós (Vilar de Cervos); Vilar de Barrio (Rebordechau); Padrenda y el propio municipio de Ourense. Salen de la lista Santigoso y Prado de Limia. Para entrar en esta categoría se requiere registrar una media de siete fuegos anuales en el último lustro o dos incendios superiores a 200 hectáreas en una década.

Para mejorar la detección temprana, el Pladiga 2026 amplía la red de videovigilancia hasta las 241 cámaras. La principal novedad técnica es la inteligencia artificial para detectar humo. Este sistema se complementará con tres drones en zonas de difícil acceso y una aplicación móvil para avisos ciudadanos. En cuanto al despliegue humano, el dispositivo sumará 5.412 trabajadores en periodo de alto riesgo, hasta los 7.000 efectivos. En Ourense, el convenio con la Diputación, dotado con 3,5 millones de euros, permitirá activar 22 brigadas repartidas en las mancomunidades de O Ribeiro, Terra de Celanova, O Carballiño, Verín, Ourense y Santa Águeda, operativas seis meses en labores de vigilancia, prevención y defensa del territorio forestal.

El plan refuerza la Unidad de Directores de Extinción (UDEX), que pasa de 6 a 15 especialistas para gestionar grandes incendios. En el apartado aéreo, la Xunta dispondrá de 24 medios propios a los que se añadirán diez aparatos del Estado. El objetivo es mantener el tiempo de reacción por debajo de los 22 minutos y extinguir en menos de seis horas y 18 minutos. Asimismo, Medio Rural continuará la tramitación de la ley de lucha contra incendios y desarrollará proyectos de vigilancia en montes vecinales. El plan prevé además realizar trabajos de prevención física sobre un total de 33.880 hectáreas de monte, unas 14.000 hectáreas más que el año pasado.

Plan para proteger parques naturales y zonas rurales

La incidencia del fuego en el patrimonio natural es otro punto crítico de la memoria del plan. En la última década, los incendios han afectado a un tercio de la superficie total de los parques naturales de Galicia. El área de la Baixa Limia-Serra do Xurés figura como la zona más damnificada de la provincia, acumulando un registro de 166 fuegos y 11.751 hectáreas quemadas en los últimos diez años. En este periodo, las llamas alcanzaron 119.930 hectáreas de espacios protegidos de la Red Natura. Para mitigar estos daños, el plan de prevención para 2026 prevé actuar sobre 33.880 hectáreas mediante áreas cortafuegos y pistas forestales. Además, el convenio de gestión de biomasa en fajas secundarias dispone de 25 millones de euros, el doble que el ejercicio pasado, para apoyar a 284 municipios en la limpieza de perímetros de seguridad, barrera fundamental para proteger las viviendas y consolidar la estrategia de aldeas preparadas frente al fuego mediante charlas informativas y consejos técnicos de autoprotección para los vecinos.